La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, presidida por la parlamentaria Milagros Jáuregui de Aguayo (RP), recibió este lunes 8 de setiembre a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana Peña Cardoza, quien presentó el estado situacional del sector y los lineamientos que marcarán la gestión de su cartera durante el presente periodo.

La titular del MIMP resaltó que la violencia contra mujeres, niños y adolescentes continúa siendo uno de los mayores retos sociales, pese a los avances alcanzados.

“Tenemos pendiente, como sociedad y por supuesto como ministerio, la atención a cada víctima de violencia. Cinco de cada diez mujeres aún son agredidas en sus hogares. Mientras exista una persona en esa situación, tendremos tarea por hacer”, enfatizó Peña.

La ministra proyectó, además, que para el 2030 el país debe formar una generación de niños y adolescentes autónomos y libres de violencia, aunque reconoció que aún persisten brechas que deben cerrarse con urgencia.

Cabe mencionar que, en su informe, la funcionaria detalló que 4 de cada 10 menores de entre 9 y 11 años son víctimas de violencia, y que los adolescentes también permanecen expuestos a entornos familiares inseguros. Recordó que la Unidad de Protección Especial (UPE) ya atendió más de 75,000 casos de extrema vulnerabilidad, y anunció una revisión sobre el rol de instituciones históricas como el Inabif, que supera los 80 años de existencia.

En el transcurso de la sesión, congresistas como Jeny López Morales (FP) pidieron fortalecer la articulación interinstitucional en regiones amazónicas donde los servicios son insuficientes. Peña respondió que el ministerio priorizará la atención en zonas críticas como Condorcanqui, donde ya se implementa el Sistema Nacional Especializado de Justicia con presupuesto específico y la incorporación de intérpretes para poblaciones indígenas.

En tanto, la viceministra de la Mujer, Ana Sofía Rodríguez, explicó que el MIMP lidera la coordinación multisectorial para incluir a sectores como Salud, Cultura, Poder Judicial y Ministerio Público en la atención integral. Recalcó que la estrategia busca garantizar respuestas inmediatas en comunidades indígenas, con enfoque intercultural y recursos destinados a servicios especializados.

Por su parte, la congresista Mery Infantes pidió priorizar servicios urgentes en zonas donde aún no hay centros de atención. “Tenemos muchos planes interesantes, pero debemos fijar prioridades. El diagnóstico es claro: la población necesita atención inmediata y el trabajo articulado no puede sostenerse con esfuerzos aislados”, reclamó.

Al respecto, Peña se comprometió a coordinar con viceministros y autoridades regionales para garantizar acciones inmediatas.

Vale indicar que respecto a la población adulta mayor, la ministra alertó que 6 de cada 10 personas carecen de previsión para evitar el abandono en la vejez. “Debemos asegurar que cada adulto mayor tenga derecho a desarrollar su proyecto de vida hasta el último día”, recalcó.

Asimismo, explicó que las personas con discapacidad enfrentan desigualdades dependiendo del lugar de su nacimiento, lo que obliga al Estado a diseñar planes focalizados de atención.

Por su parte, el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Carlos Villela, destacó la capacitación a mujeres indígenas en traducción para audiencias judiciales y la articulación con el sector Educación, que ya desaforó a 323 docentes vinculados a casos de violencia. Además, mencionó el compromiso de implementar un programa social especializado en protección infantil y ampliar el beneficio económico a más de 3,200 niñas, niños y adolescentes huérfanos, de los cuales 520 ya accedieron a becas de Pronabec.

En ese marco, la ministra Peña cerró su exposición con un llamado a la acción inmediata. “Cada niño o mujer desaparecida debería paralizar al país. Necesitamos dejar legados concretos y acciones tangibles en esta etapa de gobierno”, sostuvo.

La Comisión de la Mujer tomó nota de los compromisos asumidos y anunció que continuará con el seguimiento al cumplimiento de las metas.

Citación a ministros por trata de personas

La propuesta para convocar al titular de la PCM y a los ministros del Interior y de la Mujer se aprobó con 10 votos a favor. Como es de conocimiento público, en noviembre del año pasado se aprobó, por insistencia, la modificación de la Ley N.° 23918, que obliga a estos funcionarios a comparecer ante las comisiones de Justicia y de la Mujer en setiembre de cada año.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de la Mujer sostuvo que el objetivo es informar sobre las medidas adoptadas para cumplir los lineamientos de la Política Nacional contra la Trata de Personas al 2030 y del plan multisectorial de protección de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, hasta la fecha no llegó comunicación oficial de la PCM ni de los ministerios mencionados. Por ello, se propuso un acuerdo para citarlos en la sesión ordinaria del lunes 29 de setiembre.

Aprobación de proyecto

La comisión aprobó, con 9 votos a favor, 0 en contra y una abstención, por unanimidad, la inhibición recaída en el Proyecto de Ley 11798/2024-CR, mediante el cual se propone el fortalecimiento integral de la atención, inclusión y fiscalización del Estado respecto a las personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Sustentación

El Proyecto de Ley N.° 11561/2024-CR, a cargo del congresista Alejandro Muñante Barrios, autor de la iniciativa, mediante el cual se propone la Ley que incorpora el artículo 402-A en el Decreto Legislativo 635, Código Penal, con el fin de fortalecer la administración de justicia y sancionar las denuncias falsas en los procesos de violencia familiar.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL