La Comisión de Mujer y Población emitirá un pronunciamiento en torno al caso del congresista acusado de agresión a su expareja, según lo anunció la titular de ese grupo de trabajo parlamentario, Elizabeth Medina Hermosilla (PL). Se trata del caso difundido por un medio de comunicación que involucra al congresista Luis Cordero Jon Tay (FP).

“No debe pasarse por alto una situación de esta naturaleza y tenemos que emitir un pronunciamiento. Como padres de la patria no podemos permitir maltratos y violencia contra la mujer”, anotó, sin dar detalles de los alcances del comunicado.

En nombre de la organización partidaria a la que pertenece Cordero Jon Tay, la congresista, Rosangella Barbarán Reyes (FP) dijo que al interior de su partido se considera que, pese a que los hechos que se acusan ocurrieron cuando Cordero Jon Tay no era congresista, es importante no pasar por alto ningún tipo de conducta que dañe a la mujer, por lo que esperan su descargo.

“Supongo que en la próxima reunión de mi bancada -que deberá realizarse entre este martes y miércoles- el congresista va a tener que presentar sus descargos y yo también voy a hacer lo debido, de traerlos a la comisión para hacerle seguimiento”, anotó.

Por su lado, el congresista Pedro Martínez Talavera (AP), pidió la elaboración de un pronunciamiento con relación a este caso, y solicitó que el Ministerio Público sea la instancia que investigue este presunta agresión, mas no los medios de prensa, «porque con el escándalo no se hace daño al agresor, sino a la víctima, a los hijos menores y a la familia en su conjunto».

MÁS HERRAMIENTAS LEGALES

Durante la sesión, funcionarios de la Fiscalía de la Nación pidieron la realización de un trabajo conjunto con la Comisión de Mujer y Familia para resolver algunos vacíos legales que afectan su labor en defensa de las mujeres víctimas de violencia, desapariciones, trata y explotación sexual.
El planteamiento fue hecho durante la octava sesión ordinaria en la que se desarrollaron amplias exposiciones sobre el problema.

La fiscal superior Kelly Calderón Pérez, coordinadora nacional de las Fiscalías Provinciales Transitorias Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, dijo que «en la actualidad, salvo que sea a la fuerza, la desaparición de mujeres no es un delito autónomo y tampoco es considerado como una forma de violencia contra las mujeres».

Esa es la razón, por la que el Ministerio Público no tiene data en esa materia y que es necesario que la desaparición de mujeres sea incorporada normativamente en el Código Penal, como un agravante de los delitos de feminicidio y trata de personas.

Por eso planteó la necesidad de un trabajo conjunto con la Comisión de Mujer y Familia, dado que el número de desapariciones de mujeres en nuestro país fluctúa el 70 y 80 % en lo que va del 2020 y 2021, según informes de la Defensoría del Pueblo.

Indicó que solo en el 2021 se tiene un total de cuatro mil 463 notas de alerta sobre mujeres desaparecidas, en muchos vasos vinculadas a la muerte violenta de una mujer.

Dijo que con mejores herramientas legales que permitan una mejor investigación se puede, incluso, solicitar cadena perpetua ante la comisión de un feminicidio. Asimismo, dijo que otro problema son las exigencias que se plantean al fiscal para levantar el secreto de las comunicaciones.

La fiscal superior Rosario Susana López Wong, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, afirmó que este delito «tiene rostro de mujer» y que en la actualidad se ha incrementado el número de víctimas y también el de personas rescatadas.

Señaló que uno de los problemas que tienen ante sí el Ministerio Publico es que la explotación de mujeres es considerada en muchos casos por la víctima como un trabajo y no hacen la denuncia.

Destacó la creación de fiscalías especializadas que han permitido el aumento de denuncias. “Desde el 2009 al 2021 han ingresado 9626 denuncias y el número identificado de victimas es de 10 824 “, anotó.

Refirió que hay diversas rutas de la explotación femenina a causa de un insuficiente control durante el transporte de las personas y de menores de edad, actos de corrupción, tolerancia social, demanda de servicios sexuales, entre otros.

Finalmente, el fiscal superior Armando Ortiz Zapata, a cargo de la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, aseveró que la violencia en las calles «se va acrecentando como un remolino». Invocó un trabajo conjunto desde la prevención del delito con la participación de la Policía, las municipalidades y la sociedad civil.

A la sesión también había sido invitada la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra, quien se excusó por no poder asistir en la fecha por la realización de un viaje de trabajo a la ciudad de Abancay.

El viceministro de Prestaciones Sociales, William Contreras Chávez, la suplió para dar las explicaciones del caso en torno a diferentes aspectos del Programa Nacional de Alimentación Qali Warma.

El funcionario detalló la importancia del servicio alimentario que presta el Estado a los estudiantes de primaria para una mejor atención al estudio, el proceso de adquisición de los alimentos y la distribución de los mismos, en particular en el tiempo de cuarentena por la pandemia.

Indicó que a diciembre de este año Qali Warma ha beneficiado a cuatro millones 77 mil703 estudiantes y se ha atendido a 64 mil 340 instituciones educativas, que implica la distribución de 345 mil toneladas de alimentos, avaluados en mil 994 millones de soles y un 94 por ciento de ejecución.

OFICINA DE COMUNICACIONES