Las integrantes de la Comisión de la Mujer coincidieron al expresar su preocupación por la situación de la trata de personas durante el estado de emergencia por la pandemia, en el que se registraron 110 detenidos, 88 de ellos en la zona de Lima Norte.

La congresista Matilde Fernández Florez (SP) dijo que es un problema social que debe manejarse de manera transversal con la intervención de todos los sectores, en tanto que la legisladora Mónica Saavedra (AP) consideró necesario que el Congreso haga seguimiento a través de la rendición periódica de cuentas trimestral para conocer los avances, propuesta que ha planteado a través de un proyecto de ley.

Así lo señalaron las legisladoras en la sesión virtual que realizó dicha comisión el lunes 10 y en la que participó la doctora María Isabel Sokolich Alva, fiscal suprema provisional de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público para informar sobre las acciones adoptadas y los resultados de investigaciones respecto a los casos de trata de personas y desaparición de mujeres en el año 2020.

“Durante el estado de emergencia, se tiene un total de 110 detenidos, de los cuales la gran mayoría ha sido por flagrancia (79) y por intervención policial (31). Detenidos en estado de emergencia: 88 en Lima Norte, 7 en Cusco, 5 en Tacna, 4 en Puno, 2 en Loreto, 2 en Tumbes, 1 en Puno y 1 en Madre de Dios”, dijo la funcionaria.

Informó que los delitos genéricos reportados por la fiscalía especializada en delito de trata de personas en Lima Norte, en su mayoría corresponde a los delitos contra la salud pública y contra la libertad. “Los delitos específicos detallados en mayor porcentaje son, el favorecimiento a la prostitución agravada y violación de las medidas sanitarias” agregó.

En cuanto a las denuncias recibidas informó que se tiene un total de 86 denuncias recibidas correspondientes a las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas a nivel nacional, de los cuales 55 denuncias han sido ingresadas en la Fistrap de Lima. “En lo que va del estado de emergencia se han realizado 35 operativos correspondientes a las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas”, puntualizó Sokolich.

Agregó que se realizaron 973 operativos en zonas focalizadas, sin embargo, pidió que se apoye la labor del Ministerio Público con mejoras en la transferencia presupuestal. “Sin presupuesto poco o nada una institución como la nuestra puede cumplir”, dijo.

FEMINICIDIOS

De otro lado, respecto a los feminicidios, Sokolich informó que del 16 marzo hasta el 31 de julio (fecha de corte) se registraron 18 casos de feminicidio y 26 por investigarse. “Es algo que hay que investigar porque las cifras no coinciden con el informe de la Defensoría del Pueblo”, agregó al tiempo de observar que cuando una mujer pierde la vida no necesariamente es por el artículo 108 b del Código Penal toda vez que, muchas mujeres han perdido la vida inclusive por ajuste de cuentas.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Carolina Lizárraga (PM) consideró fundamental la implementación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas esfuerzo que debe ser desplegado por el Ministerio Público y la Policía Nacional. “Esta información es la base para conocer la real situación real y para hacer seguimiento a las acciones que se quieren desarrollar en torno al feminicidio”, dijo.

MINERA GLENCORE ANTAPACCAY

Al inicio de la sesión la congresista Carolina Lizárraga expresó su solidaridad con la lucha del pueblo de Espinar en Cuzco afectados por el conflicto socio ambiental con la empresa minera Glencore Antapaccay.

“No es posible que en nuestro país la tensión entre las mineras y la población no se haya superado. Haremos seguimiento a los compromisos que el gobierno asume”, dijo la legisladora durante la presentación de Elsa Merma Cahua, coordinadora de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura Kana a quien le dijo “cuente con nuestro apoyo permanente”.

La dirigente dijo que durante 24 días de huelga las mujeres de la provincia de Espinar han sido maltratadas. “El 22 julio, día del atentado hacia nuestra provincia de Espinar, un piquete han regresado y han sido atacados brutalmente con violencia física y psicológica, a dos señoritas -según cuentan- han sido víctimas de violación sexual”, señaló Merma al tiempo de advertir que “nunca hemos alcanzado una justicia verdadera. ¡Queremos justicia!, ya no más maltrato a estos pueblos humildes que nos zaquean nuestros recursos y encima nos golpean”.

Manifestó que la población de Espinar pidió que se les dé un bono solidario para paliar su situación económica generada por la cuarentena, sin embargo, la minera voto en contra. “La empresa minera se ha encaprichado de no dar este bono, a pesar de que ha triplicado sus ganancias. ¡No es una majadería! el pueblo de Espinar necesita apoyo”, dijo.

“Cómo es posible que Espinar no tenga agua y desagüe, no tenga un buen centro médico mientras que la minera solo busca llenarse los bolsillos”, dijo la congresista Yessica Apaza Quispe (UPP) tras lo cual agregó que “las empresas mineras no tienen piedad”.

Ante la posibilidad de que ingrese otra compañía minera en esa zona del país, la dirigente adelantó su pronunciamiento. “Queremos que no entren más empresas mineras porque nuestras comunidades valen más, las comunidades campesinas sostienen al pueblo. Ya no queremos otra empresa minera. ¡Que entienda el nuevo gabinete que nosotros no queremos empresa minera!», concluyó.

Lima, 10 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO