Con la finalidad de poner a buen recaudo a la mujer que ha sido víctima de violencia familiar; así como impulsar su inserción en el mercado laboral, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó, por unanimidad, dos dictámenes para ese fin.

El acuerdo se tomó en la sesión que realizó el lunes 23 dirigido por su presidenta, la congresista Elizabeth Hermosilla (Bloque Magisterial de Concertación Nacional).

Así, con 12 votos a favor, fue aprobado el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1317/2021- CR; que propone la ley que promueve servicios de protección para las sobrevivientes de violencia contra la mujer como prevención del feminicidio.

La congresista María Jáuregui, autora de la proyectada norma, dijo que nace de una necesidad urgente de atender de manera efectiva a las mujeres víctimas de casos graves y severos de violencia familiar.

Informó que en sus visitas a comisarías y a lugares donde atienden a la mujer agredida pudo constatar que no hay un lugar donde ellas puedan pernoctar uno, dos o tres días cuando son agredidas y tienen que regresar a sus casas donde van a seguir siendo maltratadas poniendo en riesgo sus vidas.

“No solamente el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú deben asumir la responsabilidad de la competencia de la lucha contra el feminicidio. Debemos involucrar a los gobiernos regionales y locales para que incorporen en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar”, anotó.

Subrayó que la propuesta promueve que los gobiernos regionales puedan acceder a los beneficios del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para la construcción de dichos hogares. Para este efecto, se plantea modificar las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades.

Antes, con 13 votos a favor, fue aprobado el dictamen del Proyecto de Ley 1368/2021- CR; que plantea promover la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia familiar en el sector laboral privado, con el objeto de que logren su independencia económica, el fortalecimiento de su autoestima, seguridad e integración social.

La proyectada norma precisa que la mujer víctima de violencia familiar tiene derecho a trabajar en igualdad de oportunidades, remuneración, condiciones seguras y saludables que las demás personas, quedando prohibido todo tipo de estigmatización, discriminación o trato desigual por las condiciones de las que fue víctima.

También contempla que la empresa que acoja a mujeres víctimas de violencia en un mínimo de 5% del total de sus trabajadores, recibirá un sello que le acredite como “empresa segura libre de violencia y discriminación contra la mujer”. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables certificará a la empresa que emplee a una mujer víctima de violencia familiar.

Cabe precisar que mediante una disposición complementaria modificatoria única se propone modificar el artículo 37, literal z) del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta a fin de incorporar a quienes empleen a mujeres víctimas de violencia familiar en el beneficio de una deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen – porcentaje que será fijado por el decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas- tal como lo tiene quienes emplean a personas con discapacidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES