Con el objetivo de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, por unanimidad, que el plazo máximo para resolver el procedimiento disciplinario contra un fiscal denunciado por presunta infracción será de un año, contado desde la fecha de la notificación de cargos.

Así lo resolvió el grupo de trabajo que preside Gladys Echaíz (APP), al aprobar la propuesta sustitutoria que recoge dos iniciativas legales presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, que modifican varios artículos de la Ley de la Carrera Fiscal.

La propuesta legislativa también plantea que la indagación preliminar tenga un plazo de 30 días hábiles, desde que el órgano competente tome conocimiento del hecho, y puede prorrogarse, en forma excepcional y motivadamente, por el mismo tiempo.

Refiere, a la vez, que el apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad que comprometan la dignidad del cargo y desmerezcan al fiscal en su concepto público.

Esta medida no constituye sanción y vence a los seis meses de consentida o ejecutoriada la decisión. Esta decisión puede prorrogarse por un plazo máximo de seis meses y por una sola vez en decisión debidamente motivada, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o complejidad de los hechos.

El fiscal apartado preventivamente percibirá el 80% de la retribución mensual que le corresponde, la misma que, en caso de ser destituido, se tiene como pago a cuenta de la compensación por tiempo de servicios que le corresponda.

La propuesta aprobada plantea que la facultad para determinar la existencia de faltas administrativas e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe, de oficio o a instancia de parte, a los cuatro años de cometida la falta.

Durante el debate, el congresista José Balcázar Zelada (PL) consideró que el fiscal suspendido en el proceso disciplinario debería percibir el 100 % de sus haberes, toda vez que, si es sancionado, se le recortará de su CTS. “Hay que tener en cuenta que una mayoría sale absuelta”, anotó.

De otro lado, la comisión escuchó la sustentación del congresista Alfredo Pariona Sinche (PL), respecto a su propuesta legal para que el Ministerio Público pueda tramitar una denuncia penal sin la declaración del agraviado. “Está destinado a ayudar en los casos en los que la víctima no ha hecho la denuncia por temor o coacción”, afirmó.

De igual manera, se atendió la exposición del congresista Freddy Ronald Díaz Monago (APP), quien, vía una Moción de Orden del Día, exhorta al Poder Judicial a atender los requerimientos de los trabajadores de la Empresa Administradora Cerro S.A.C. (antigua Volcan Compañía Minera S.A.A.) quienes exigen el cumplimiento de un mandato judicial a su favor. A la vez, solicita al Poder Ejecutivo para que constituya una comisión de trabajo intersectorial con la finalidad de atender los reclamos de este gremio laboral.

Finalmente, el congresista Segundo Héctor Acuña Peralta (APP), expuso los alcances de su proyecto de ley que propone consignar los datos sanguíneos en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

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