La Comisión de Justicia del Congreso priorizará el debate de modificaciones a la llamada ley de flagrancia para evitar que haya desproporcionalidad en la aplicación de las penas, anunció el presidente de dicho grupo de trabajo parlamentario, Juan Carlos Eguren.

Sostuvo que el Decreto Legislativo 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, expedido al amparo de las facultades delegadas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, obliga a que todo juicio, en cuanto existan las pruebas necesarias, pueda resolverse en un tiempo mínimo.

Eguren señaló que desde la puesta en vigencia del Decreto Legislativo 1194, el Poder Judicial ha registrado –en los primeros 90 días de aplicación- alrededor de 800 casos de flagrancia en Lima y Callao y los delitos de mayor incidencia son hurto, robo, conducir vehículos en estado de ebriedad, deudas por pensiones alimentarias y resistencia a la autoridad.

Uno de los problemas que se ha generado por la ley de flagrancia es que se han producido sentencias que no guardan relación con el delito cometido.

“De lo que se trata es de modificar la Ley de la flagrancia para que las penas guarden proporcionalidad con los delitos y/o faltas cometidas que pueden ser sancionadas con servicios comunitarias”, manifestó el legislador pepecista.

Recordó que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ha expresado su preocupación porque la Ley de flagrancia “está llenando las cárceles con internos por delitos menores y los penales pueden colapsar en cualquier momento”, y el Poder Judicial –a través de su presidente Víctor Ticona- ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para modificar la norma.

En tal sentido, Eguren no descartó convocar al jefe del Inpe , al presidente del Poder Judicial y a los ministros de Justicia y del Interior para recoger sus impresiones sobre la Ley de flagrancia y adoptar las acciones que conduzcan a introducir cambios en la flagrancia.

Comisión de Justicia y Derechos Humanos