La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, en forma unánime, solicitar la actualización de la autógrafa de ley, observada por el Poder Ejecutivo en julio pasado y enviada al archivo, que plantea modificaciones al proceso de colaboración eficaz.

La propuesta, de autoría de la excongresista María Teresa Cabrera Vega, planteaba un plazo de cuatro meses desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, mientras no estén corroboradas.

La presidenta de ese grupo de trabajo legislativo, Gladys Echaíz De Núñez Izaga (APP), indicó que hará la solicitud correspondiente a la Mesa Directiva del Congreso y destacó la importancia de la iniciativa, porque muchos colaboradores eficaces que no fueron corroborados como tales, a falta de plazos, fueron considerados después como testigos o como una “especie de informantes”.

Afirmó que algunos vacíos que no se han subsanado han generado complicaciones, lo que amerita que el caso sea actualizado, más aún cuando hay una propuesta con similar objetivo en la comisión.

De otro lado, no concurrieron a la sesión la fiscal de la Nación y la presidenta del Poder Judicial, Zoraida Ávalos Rivera y Elvia Barrios Alvarado, respectivamente, quienes fueron invitadas para que expongan sobre la problemática de sus sectores; pero ambas no asistieron y pidieron una nueva fecha.

GRUPOS DE TRABAJO
Durante la sesión fueron conformados cuatro grupos de trabajo para desarrollar temas diversos de investigación en el presente periodo anual durante 90 días.

El primero estará encargado de evaluar y proponer reformas y mejoras cualitativas del sistema penitenciario, que será integrado por los congresistas Betssy Chávez Chino (PL), Héctor Ventura Ángel (FP) y Susel Paredes Piqué (SP-PM). La primera de las nombradas fue designada su coordinadora.

Un segundo grupo es el destinado a trabajar sobre la defensa y promoción de los derechos de la comunidad LGTBIQ, el mismo que fue encargado para su coordinación a Paredes Piqué. Está conformado, además, por los congresistas Alejandro Cavero Alva (Avanza País) y Chávez Chino.

Un tercer grupo, aprobado en la sesión, estará encargado de estudiar la problemática de los defensores de los derechos humanos. Estará bajo la coordinación de la congresista Ruth Luque Ibarra (JPP) e integrado por Alex Paredes González (PL) y Paredes Piqué.

Un cuarto grupo es el encargado de estudiar la problemática de la provisionalidad de los magistrados, las causas de la falta de convocatoria a concurso público para cubrir las plazas vacantes y su incidencia en los niveles de desconfianza en el sistema de justicia.
Echaíz aseveró que la iniciativa para crear este grupo surgió como consecuencia de la presentación ante la comisión de la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco, quien expuso sobre la problemática de la provisionalidad y las dificultades para cubrir las plazas por parte de la JNJ.

Refirió que esa vez el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público no entregaron sus demandas presupuestarias en el plazo pertinente y, por lo tanto, fueron aprobadas extemporáneamente.

Por eso, consideró que el trabajo de investigación que realizarán los parlamentarios deberá servir de base y de orientación a las instituciones para los que se ocupen de estudiar el problema de justicia.

“Para mí es un tema importante, no solo dentro de las instituciones, sino que trasciende a la población. Uno toca las puertas de las instituciones para encontrar solución a un conflicto y este duerme el sueño de los justos o en el camino se distorsiona. Creo que debemos trabajarlos con seriedad y el profesionalismo que el tema requiere”, afirmó Echaíz de Núñez.

Para ese efecto, fueron designados los legisladores José Balcázar Zelada (PL) Luque Ibarra y Chávez Chino.

Finalmente, expuso la congresista Luque Ibarra sobre el proyecto de ley que plantea la Ley de fortalecimiento del proceso especial de colaboración eficaz del Código Procesal Penal.
Lo propio hizo el congresista Alfredo Azurín Loayza (SP-PM) respecto a su iniciativa que propone la ley que incorpora el literal f) al artículo 368 sobre resistencia y desobediencia a la autoridad del Código Penal. Está destinado a sancionar a extranjeros que han delinquido y están impedidos de ingresar al país.

OFICINA DE COMUNICACIONES