El conflicto socio ambiental que se mantiene entre la Policía Nacional del Perú y los comuneros, en la provincia de Espinar, Cusco, en donde se habría reportado tres heridos de bala, fue examinado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que dirige Leslye Lazo Villón (AP), y para ello se citó al viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Esteban Saavedra Mendoza.

El funcionario informó que los sucesos de referencia sucedieron en la ciudad de Yauri, distrito de Espinar, y que tiene larga data. Por ello, trazó los antecedentes de las negociaciones que sostienen los habitantes del distrito con las empresas Billiton, Xtrata, Glencore, sucesivamente, por la explotación de Tintaya Antapaccay, desde el año 2000.

Luego de una detallada exposición sobre los momentos del conflicto en las últimas dos décadas, Saavedra informó que el 12 de mayo los dirigentes sociales de la provincia solicitaron al alcalde provincial y presidente del Comité de Gestión del Convenio Marco, Lolo Arenas, la asignación de un bono humanitario de 1 000 soles para cada elector del distrito.

Dos días después, dicho Comité acepta la propuesta. La suma solicitada, asciende a 50 millones de soles.

Las acciones de protesta se realizan los días 11, 16 y 18 de junio; el 7 de julio el Comité de Lucha informa sobre el inicio de un paro indefinido desde el 15 de julio con la movilización de por lo menos 300 personas; dos días después se bloquea el corredor vial minero y se queman dos vehículos de la empresa Las Bambas; el 27 de julio se frustra una reunión con la Comisión de Alto Nivel por falta de garantías.

En síntesis, informó que el pliego de reclamos del Comité de Lucha ha evolucionado de la siguiente manera: primero, Reformulación del convenio marco (para la entrega del bono humanitario); segundo, atención especializada a las personas afectadas por metales pesados; tercero, justicia ambiental del corredor minero; cuarto, reestructuración del Poder Judicial y el Ministerio Público en la provincia; quinto, fin del proyecto minero de Corohuayco; y sexto, retiro de las fuerzas del orden en la zona.

Hasta ayer, dijo, se mantienen las acciones violentas, y hay tres actores en juego: primero, los habitantes que solicitan el bono; segundo, hay 13 comunidades que están en contra de la entrega del bono; y tercero, la empresa Glencore, que se opone a la espera porque dicen que no está de acuerdo con el espíritu del Convenio Marco, que se creó para diseñar propuestas de desarrollo.

Sobre la muerte de dos personas y los heridos de bala, el funcionario del Mininter dijo que las fuerzas del orden solo se presentaron premunidos de gas lacrimógeno y escopetas de perdigones; al respecto se ha abierto investigación que incluye la investigación del área de criminalística del Cusco con pruebas de absorción atómica para los efectivos y examen de balística en sus armas; además de una investigación fiscal.

Sobre los detenidos exhibió documentos y videos e informó que el fiscal provincial ha iniciado investigaciones para determinar responsabilidades. En cuanto a los desparecidos informó que se trataron de dos menores: el primero, cuya denuncia fue hecha por el padre, se desmintió cuando la madre se acercó a la comisaría para decir que estaba con ella; y la otra menor, fue llevada por su padre a la comisaría para informar que se había refugiado por miedo a unas detonaciones.

REACCIONES PARLAMENTARIAS

El congresista Richard Rubio Gariza (Frepap) precisó que sí hay un acuerdo tomado por la mayoría y es la entrega del bono humanitario a las familias, y no se habla de que se entregue a cada individuo; los 50 millones a los que se alude forman parte de un fondo de 130, que la minera alega que ya se ha gastado, y eso no convence.

“La gente piensa, analiza, y no es manipulable”, sostuvo. “No tratemos de ver a nuestros hermanos de provincia como seres que se dejan arrastrar. Eso no es así”.

La legisladora Martha Chávez Cossío (FP) solicito los documentos y videos porque se están generando hechos que apuntan a definir a las fuerzas del orden como violadores sistemáticos de los derechos humanos. Señaló que conoce los efectos de la minería por experiencia familiar, pero eso no justifica la violencia. Solicitó un “verdadero seguimiento” de este conflicto.

Por su parte, Isaías Pineda Santos (Frepap) manifestó que esta crisis no se va a solucionar solo entre la población y la empresa. “Allí debe estar el Estado”, insistió, “no se puede esperar. El Estado debe intervenir, no solo en el restablecimiento del orden público, sino en el restablecimiento del dialogo.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Leslye Lazo Villón, dijo que sobre los hechos sucedidos en Espinar debe realizarse una investigación transparente, en donde prime la justicia y el diálogo.

Lima, 5 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO