Con el objetivo de analizar alternativas para optimizar el marco legal frente a la criminalidad organizada, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizó este miércoles 16 una reunión de trabajo con especialistas y representantes de instituciones vinculadas al sistema de justicia.

La sesión fue presidida por la titular de la comisión, diputada Catherine Palomino Casavilca (Juntos por el Perú).

Durante la reunión, la presidenta de la comisión destacó la necesidad de generar consensos con especialistas y operadores de justicia para evaluar la revisión de diversas normas que han sido cuestionadas y calificadas por distintos sectores como “contrarreformas” del sistema de justicia.

“Existe la urgente necesidad de revisar, corregir o derogar las denominadas ‘leyes procrimen’, un conjunto de normas aprobadas por el Congreso anterior que, según fiscales, juristas y representantes de la sociedad civil, debilitarían la lucha contra el crimen organizado y favorecerían la impunidad. Por ello, consideramos fundamental escuchar a los operadores de justicia y a las instituciones vinculadas con esta problemática”, manifestó Palomino Casavilca.

Explicó que las normas materia de análisis forman parte del conjunto de reformas penales aprobadas durante el periodo parlamentario anterior y que han sido objeto de cuestionamientos por parte del Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos, debido a sus posibles efectos sobre la persecución penal y la continuidad de investigaciones por delitos de corrupción y crimen organizado.

Durante la jornada se realizó una evaluación técnica y jurídica de las propuestas orientadas a derogar o modificar las Leyes N.° 32130, 32735, 31751 y 32104.

Participaron Jhonny Contreras Cuzcano, juez supremo del Poder Judicial; Martín Muichich Loli, representante del Ministerio Público; Horacio Villanueva, del Colegio de Abogados de Lima; Rafael Chanjan, de la Pontificia Universidad Católica del Perú; entre otros especialistas e invitados, quienes expusieron sus apreciaciones sobre la aplicación, alcances y viabilidad de las normas en cuestión.

Durante su intervención, el representante del Ministerio Público señaló que la Ley N.° 32130 habría limitado la capacidad operativa de la Fiscalía para realizar la investigación preliminar material de los delitos, trasladando dicha función a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según explicó, esta modificación habría dejado a la Fiscalía con un rol principalmente jurídico o formal en esta etapa de la investigación, lo que, a su juicio, afectaría las funciones que la Constitución atribuye a los fiscales.

Por su parte, el representante del Colegio de Abogados de Lima planteó la necesidad de revisar las normas señaladas y se refirió, entre otros aspectos, a la Ley N.° 32735, relacionada con la justicia militar-policial. Según expuso, esta norma amplía la competencia de dicho fuero respecto de determinadas conductas ilícitas cometidas por militares o policías durante estados de emergencia.

Asimismo, señaló que la norma contempla el archivo de procesos en trámite en la jurisdicción penal ordinaria por los mismos hechos, aspecto que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores por sus posibles efectos sobre la investigación de presuntas vulneraciones de derechos humanos.

Al término de la reunión, la diputada Catherine Palomino Casavilca señaló que la Comisión de Justicia continuará recogiendo los aportes de especialistas, operadores de justicia y representantes de la sociedad civil con el propósito de evaluar las normas cuestionadas y plantear, de ser necesario, modificaciones que permitan fortalecer el sistema de justicia y la lucha contra el crimen organizado.

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