La Comisión de Justicia y Derechos Humanos escuchó este jueves 23 la opinión de representantes de sectores vinculados a la administración de justicia y especialistas destacados en esa materia para tratar sobre la observada autógrafa de la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Fue a través de una mesa de trabajo de más de tres horas encabezada por el titular del grupo de trabajo, Isaac Mita Alanoca (PL), en las que se evaluó la propuesta y se hicieron recomendaciones, entre ellas, que se respeten los derechos de las personas que se encuentran en ese proceso.

Mita Alanoca dijo que los aportes de los expertos servirán de insumo para la elaboración del dictamen respectivo y así se pueda resolver el problema de la inseguridad ciudadana que afronta nuestro país.

Durante la mesa de trabajo participaron los congresistas José María Balcázar Zelada (PL) y Alejandro Muñante Barrios (RP). También funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, representantes del Colegio de Abogados de Lima y juristas con amplia experiencia.

En nombre del Ministerio Público, Wilberd Cold Espino Medrano, consideró que hay mecanismos de control que no permiten que la prisión preliminar sea un instrumento de coacción y que esa instancia es defensora de la legalidad y, por lo tanto, del respeto de los derechos de las personas.

En representación de la Defensoría del Pueblo, Enrique Miranda Souza Infante, encargado para la seguridad nacional y lucha contra las drogas, dijo que se tiene que luchar por la detención preliminar en la lucha contra la delincuencia, pero sin que se cometan abusos.

La abogada Guilliana Loza Ávalos consideró importante la restitución de la detención preliminar sin flagrancia como medida cautelar en casos que se justifique.

Humberto Abanto Verástegui sostuvo que es necesario que se considere la aplicación de la detención preliminar, pero con respeto a los derechos de las personas, que se basa principalmente en la notificación al acusado, que implica información sobre lo que se le está acusando y su audiencia, es decir, que sea escuchado.

El congresista José María Balcázar Zelada (PL) propuso una comisión para que se encargue de la modificación del Código Penal y Procesal Penal frente a las quejas que existen en contra del Ministerio Público y el Poder Judicial y cuestionó los llamados «argumentos suficientes» que se utilizan para la detención de una persona. También consideró que debería estudiarse la posibilidad del uso de grilletes para evitar el hacinamiento en las cárceles, y la presencia del juez desde el inicio del proceso.

Entre otros invitados estuvieron también el presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, José Neyra Flores; los asesores de la Oficina Técnica de la Implementación del Código Procesal Penal en el Ministerio Público, entre otros.

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