Con 16 votos a favor, dos en contra y una abstención, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside Isaac Mita (PL) aprobó insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que modifica la Ley del Martillero Público y la Ley que adecúa el uso de tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales, entre otras normas.

Inicialmente el dictamen comprendió una recomendación de allanamiento a las observaciones, pero un pedido del congresista Miguel Ciccia Vásquez (RP) para que sea por insistencia fue respaldado por diez votos a favor; cuatro en contra y tres abstenciones. Por eso, su aprobación fue con cargo a redacción.

El dictamen comprende los proyectos de ley 1966, 2033, 2924 y 4270 que modifican, además de la Ley del Martillero Público, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Civil, el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, Decreto Legislativo 768 y la Ley Procesal del Trabajo, a fin de precisar e incorporar disposiciones sobre el martillero público.

Ciccia Vásquez dijo que es necesario hacer justicia a los martilleros, puesto que son profesionales preparados para esa actividad y pueden dar fe de los remates dando seguridad y confianza.
El parlamentario consideró que el planteamiento del allanamiento es un absurdo que solo permite participar al martillero de los remates declarados desiertos y no de los remates adjudicados, perjudicando su labor de fiscalización.

Según la propuesta “el martille público da fe de los actos y procedimientos del remate en el que ha participado”. Además, “puede hacer el remate o subasta de manera presencial, virtual o a través de cualquier otro medio que prevé la presente ley”.

Una disposición complementaria establece la creación de la Cámara del Martillero Público del Perú como un organismo público de Derecho Privado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que agrupa a todos los martilleros públicos del Perú, con sede en la capital de la República con autonomía administrativa, organizativa, económica y funcional propia según su naturaleza.

CENSURA

A primera hora fue incorporada a la agenda una moción de censura contra el presidente de la comisión, Isaac Mita Alanoca. Fue a solicitud del congresista Arturo Alegría García (FP), con quien coincidió su colega de bancada Martha Moyano Delgado y el parlamentario Héctor Valer Pinto (SP).

Puesto al voto la admisión a debate de la moción, esta recibió 11 votos a favor, 11 en contra y cuatro abstenciones. Es decir, no prosperó.

Las razones de la censura fueron sustentadas por Alegría García, quien cuestionó la conducción de las sesiones por parte de Mita Alanoca y el retraso de los debates en el Pleno sobre terrorismo urbano

Por su lado, Mita Alanoca, señaló que los temas que ve la comisión, como el de terrorismo urbano, han requerido de consultas dada la importancia del caso y destacó su trato democrático y preocupado por la viabilización de las propuestas.

CUARTO INTERMEDIO

De otro lado, dejó en un cuarto intermedio para un mejor estudio, el predictamen que propone la Ley que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para optimizar el garantismo en el proceso penal.

Igual ocurrió con el dictamen que reúne tres iniciativas legislativas que propone la Ley que modifica el Decreto Ley 25475 que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, con el fin de perfeccionar la tipificación de los actos terroristas con la intención de afectar gravemente la inseguridad ciudadana, incorporar el delito de organizaciones terroristas y crear la Lista de Organizaciones Criminales con Enfoque Terrorista.

Fue el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), quien recomendó que la propuesta pase a un cuarto intermedio para un mejor estudio, dada la connotación del caso.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL