La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la parlamentaria Catherin Palomino Casavilca (Juntos por el Perú), aprobó por mayoría el informe que declara no viable la delegación de facultades legislativas solicitada por la Presidencia de la República en materias vinculadas con las competencias de este grupo de trabajo.

El documento obtuvo 11 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones.

La opinión de la comisión comprende doce submaterias relacionadas con materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria. En cada una se evaluó el objeto y la finalidad de la delegación, así como el grado de precisión y delimitación de las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo.

Según el informe, el principal problema advertido es que el Ejecutivo señala objetivos generales, pero no precisa suficientemente qué pretende modificar, en qué sentido se realizarían los cambios ni cuáles serían los límites de su actuación.

El documento sostiene que esta falta de precisión adquiere especial importancia cuando se trata de medidas que podrían afectar la libertad, la intimidad, la seguridad, el empleo y uso de la fuerza o las garantías del proceso penal. En esos casos, señala, el Poder Legislativo no puede otorgar una autorización abierta y discrecional.

DEBATE

Durante el debate, la diputada Roxana Rocha Gallegos (Renovación Popular) señaló que la principal observación es la falta de precisión del pedido formulado por el Ejecutivo. No obstante, consideró que, en lugar de rechazar todo el bloque, correspondía evaluar cuáles materias podrían delimitarse mejor, tomando en cuenta la exposición de motivos y las explicaciones pendientes del Ministerio de Justicia.

Indicó que algunos asuntos técnicos, operativos y urgentes podrían ser delegados si el Congreso establece límites claros. Entre ellos mencionó la modernización de los sistemas de migraciones, la interoperabilidad, la trazabilidad administrativa de armas, el bloqueo de comunicaciones ilegales en los establecimientos penitenciarios y la ciberseguridad de las plataformas migratorias. En ese sentido, solicitó un cuarto intermedio para incorporar el sustento técnico de la comisión.

Su colega de bancada José Baella Malca cuestionó algunos términos empleados en el informe y pidió que, antes de adoptar una decisión, se escuche a los ministros involucrados. Sostuvo que la seguridad ciudadana requiere medidas urgentes debido a las muertes registradas diariamente y también planteó la necesidad de contar con mayores explicaciones sobre el problema penitenciario y la intervención de las Fuerzas Armadas.

César Tito Rojas (Juntos por el Perú) manifestó que no se deben otorgar las facultades legislativas al Poder Ejecutivo porque dentro de la solicitud se pretendería incorporar otros asuntos.

Por su parte, Javier Castro Cruz (Fuerza Popular) recordó que el artículo 104 de la Constitución establece dos requisitos para la delegación como son materias específicas y un plazo determinado. Señaló que no existían observaciones respecto del plazo, pero solicitó una reflexión sobre las materias incluidas y propuso debatir cada punto antes de rechazar íntegramente el pedido del Ejecutivo.

La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) precisó que el análisis no debía limitarse a los aspectos formales. Indicó que, además del plazo y la precisión de las materias, la comisión tenía competencia para evaluar el contenido de las medidas y sus posibles efectos. Asimismo, sostuvo que el ministro de Justicia había sido invitado previamente y que la reprogramación de su presentación se produjo por decisión del propio funcionario.

Finalmente, Karina Beteta (Fuerza Popular) sostuvo que el pedido de facultades se encuentra amparado en el artículo 104 de la Constitución. Señaló que precisar las materias no implica que el Ejecutivo deba anticipar el articulado o el contenido detallado de cada futura norma.

También consideró que existen asuntos urgentes relacionados con la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Saludó que algunos diputados reconocieran la posibilidad de aprobar determinadas materias, aunque no necesariamente la totalidad de la solicitud, y pidió evaluar cuáles facultades podían otorgarse con límites claros.

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