La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen de los proyectos de ley 09110, 09129 y 09149 que propone la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para fortalecer la lucha contra los delitos de sicariato y de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato.

En primer término, se modifica el primer párrafo del artículo 108-C del Código Penal para aumentar la pena privativa de libertad del tipo penal básico, elevándola de 25 a 30 años, como un claro mensaje de mayor severidad frente a este delito que atenta contra la vida y el orden social.

Además, se introduce una modificación en el numeral 2 del tipo agravado, incorporando a las bandas criminales, “ya que muchas de ellas, al igual que las organizaciones criminales, ordenan la ejecución de sicariatos con el fin de eliminar rivales delictivos, ajustar cuentas o por otras motivaciones relacionadas con su actividad ilícita”, dice el dictamen.

De igual forma, se añaden dos nuevas agravantes, que conllevan la imposición de cadena perpetua en los siguientes casos: cuando el sicariato se comete contra personas que promuevan o realicen cualquier tipo de servicio público, actividad comercial o empresarial; y cuando la orden de cometer el sicariato proviene del interior de un establecimiento penitenciario.

“Esta agravante responde a la creciente preocupación por el control que mantienen los cabecillas de organizaciones criminales desde las cárceles, quienes continúan operando y dando instrucciones para la comisión de homicidios a pesar de estar privados de libertad. Al endurecer las penas en estos casos, se pretende debilitar su influencia y frenar el accionar delictivo desde los establecimientos penitenciarios”, argumenta el dictamen aprobado.

OTROS DICTÁMENES

En esa línea, con una amplia mayoría fue aprobada la propuesta que propone prevenir sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar y, entre otros aspectos sancionar el ciberacoso, además de regular el llamado Botón de Pánico.

Fue durante la décimo octava sesión ordinaria de la comisión que preside el congresista Isaac Mita Alanoca (PL).

El documento recoge en un texto sustitutorio los proyectos de ley 04753/2022-CR, 07429/2023-CR, 07689/2023-CR, 08350/2023-CR, 08763/2024-CR, 09138/2024-CR y 09620/2024-CR, a fin de prevenir el daño y los riesgos de los seres más vulnerables frente a la aparición de nuevos delitos y cuando las normas ya resultan insuficientes.

Durante la sustentación de la propuesta, Mita Alanoca expuso que se encuentran entre los sujetos protegidos por la ley, las personas que mantienen una relación sentimental o afectiva estable y continua, sin necesidad de convivencia, siempre que existan indicios objetivos que permitan su acreditación. Se considera ciberacoso el que, a través de tecnologías de la información o de la comunicación, de manera reiterada y sin consentimiento, hostigue, acose, vigile, amenace, difunda información privada, suplantando la identidad o generando intimidación sistemática. Será reprimido con pena de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años

Asimismo, se establece la cooperación en la implementación del Botón de Pánico entre el Poder Ejecutivo (Ministerio del Interior, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder Judicial.

Durante la sesión, también fue aprobado con 10 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 08375/2023-CR que propone la Ley que modifica el Código Civil, Decreto Legislativo 295, a fin de incorporar la cancelación de la inscripción registral del acto jurídico declarado nulo por mandato judicial.

La propuesta de autoría de la congresista María Elizabeth Taipe Coronado (PL), considera que la aprobación de la iniciativa traerá como beneficio la garantía del principio de publicidad en el derecho registral y, por ende, del sistema de justicia en su conjunto; lo que se busca es mejorar el desempeño de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, en beneficio de una mejor administración de justicia en favor de los ciudadanos.

En otro momento, fue aprobado con 17 votos a favor, una en contra y una abstención el dictamen recaído en los proyectos de ley 05653/2023-CR, 10528/2024-CR y 10555/2024-CR, que plantea la creación del Plan Integral de Reparaciones (PIR) a fin de ampliar el marco temporal aplicable para las víctimas de la violencia ocurrida desde mayo de 1980.

Durante la sesión fue rechazado por 15 votos en contra 11 a favor y ninguna abstención, el dictamen recaído en los proyectos de ley 00726/2021-CR y 09032/2024-CR que, con texto sustitutorio, que propone la ley que concede amnistía general a las autoridades y miembros de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, luchadores sindicales y sociales,
defensores medioambientales, rondas campesinas y rondas urbanas.

La congresista Margoth Palacios Mamani (NA) presentó una reconsideración de la votación.

De otro lado, Mita Alanoca dejó en cuarto intermedio, para mayor estudio, el dictamen recaído en los proyectos de ley 05142/2022-CR, 06885/2023-CR, 08323/2023-CR, 08563/2024-CR, 09137/2024-CR, 09500/2024-CR, 09525/2024-CR y 09614/2024-CR que, con texto sustitutorio, propone la ley que establece el sistema arquitectónico penitenciario para facilitar el trabajo penitenciario.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL