Con el voto mayoritario de los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se aprobó el dictamen que plantea la Ley que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia e implementa las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional a fin de acelerar los procesos.

Fueron 18 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, con los que fue aprobado el dictamen, con cargo a redacción, que recoge los Proyectos de Ley 06093/2023-GL, 06257/2023-CR, 06305/2023-CR, 06549/2023-CR, 07011/2023-CR, y otros.

Una cuestión previa para que retorne a comisión para mayor estudio, planteada por la congresista Francis Paredes Castro (PP), fue rechazada por 12 votos en contra y siete a favor.

Antes, fueron escuchados invitados representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Perú; entre otros, para opinar sobre la propuesta en debate.

Después de escuchar a los funcionarios, parlamentarios de distintas bancadas señalaron sus posiciones, unos a favor de aprobar el dictamen con urgencia, entre ellos Tania Ramírez García (FP); y otros para ampliar el debate a fin de hacerlo más eficaz, como el caso de la congresista Paredes Castro

En un momento de la sesión el presidente de la comisión, Isaac Mita Alanoca (PL), planteó un cuarto intermedio y aprobar el proyecto en la próxima sesión, pero los parlamentarios de distintas bancadas demandaron su votación de inmediato habida cuenta de que en el Pleno se podrá seguir debatiendo.

El nuevo texto responde a las observaciones realizadas a la autógrafa por parte del Poder Ejecutivo, y permite que se sumen otras propuestas de ley que hace que la iniciativa sea más integral.

De acuerdo con el dictamen, esta propuesta de ley busca establecer principios claros y la creación de un Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, así como comités distritales encargados de esta materia.

Asimismo, el referido consejo será el órgano principal en la formulación, conducción y evaluación de políticas sobre flagrancia delictiva, con autonomía funcional y técnica.

También señala que la Unidad de Flagrancia Delictiva, como parte fundamental de este sistema, integrará a diversas instituciones relacionadas con la justicia, incluyendo el Poder Judicial, el
Ministerio Público y la Policía Nacional, bajo un enfoque colaborativo que facilite la investigación y judicialización de delitos flagrantes.

DECLARACIÓN VIRTUAL

En otro momento, fue aprobado con 14 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones el dictamen recaído en los proyectos de ley 06322/2023-CR, 06889/2023-CR y 07007/2023-CR, que proponen la ley que modifica el Decreto Legislativo 957, Nuevo Código Procesal Penal, respecto al uso de la tecnología digital.

El dictamen, que comprende las iniciativas de los congresistas Jhakeline Katy Ugarte Mamani. (BMCN), María Agüero Gutiérrez (PL) y Alejandro Soto Reyes (APP), plantea con un texto sustitutorio, que se garantizaría el derecho de defensa del imputado, habilitándolo para poder prestar declaración mediante videoconferencia, frente a distintas circunstancias particulares que se puedan presentar, como residencia, salud, trabajo, entre otros.

Dichos inconvenientes no serán impedimento para que el imputado pueda presentar su defensa en sus declaraciones, además, de superarse las barreras burocráticas, puesto que permitirá a cualquiera de las partes de un proceso acceder a su carpeta fiscal en copias simples de forma virtual.

ACOSO LABORAL

También fue aprobado por mayoría, con nueve votos a favor, ocho en contra y cinco abstenciones, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 07945/2023-CR, de autoría del congresista Mita Alanoca, en el que se propone una ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de incorporar nuevas formas de atentado contra la libertad de trabajo y asociación.

La propuesta tiene el objetivo de tipificar el delito de violencia económica, psicológica o acoso laboral -en cualquiera de sus modalidades- en el centro laboral, para garantizar una mejor calidad de vida del trabajador aplicando las sanciones respectivas, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y dictando medidas de protección.

SUSTENTACIONES

Durante la décima segunda sesión ordinaria, los parlamentarios sustentaron diversos proyectos de ley.

El congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama (JPP-VP) expuso su propuesta 09616/2024-CR para crear la Ley del Abogado Certificador, a fin de que algunos profesionales puedan realizar funciones notariales, siempre y cuando cumplan los requisitos correspondientes.

El legislador Alex Paredes Gonzales (BMCN) sustentó su iniciativa que propone equipar los derechos remunerativos de los fiscales del Ministerio Público con los jueces del Poder Judicial. Y el congresista Segundo Quiroz Barboza planteó una ley para la incorporación gradual de los trabajadores del CAS de la Sunarp al régimen del Decreto Legislativo 728, garantizando la igualdad de oportunidades y su implementación sostenible.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL