La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó este miércoles el dictamen recaído en los proyectos de ley 11022/2024-PE, 10367/2024-CR, 10322/2024-CR, 8386/2023-CR y 6680/2023-CR, que impone penas más severas a quienes introduzcan o usen equipos de comunicación, armas o materiales prohibidos en penales y centros juveniles. También otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio Público mayores facultades para intervenir, revisar y neutralizar redes ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.

De esta manera se modifica el Código Penal (Decreto Legislativo 635), el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957), el Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo 654) y el Decreto Legislativo 1688, con el fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en establecimientos penitenciarios y centros juveniles. La iniciativa proviene del Poder Ejecutivo y de los congresistas Alejandro Muñante Barrios (RP), Diego Bazán Calderón(RP), Yorel Alcarraz Agüero (PP) y María del Carmen Alva Prieto(AP).

Las modificaciones al Código Penal contemplan sanciones de hasta 15 años de cárcel para los funcionarios o servidores que faciliten el ingreso de equipos o materiales ilícitos. Asimismo, el Nuevo Código Procesal Penal permitirá que, en casos de flagrancia dentro de penales, la PNP pueda revisar información de dispositivos tecnológicos con autorización fiscal.

Por otro lado, el Código de Ejecución Penal incorporará artículos que prohíben el uso de telecomunicaciones no autorizadas y regulan la visualización de equipos incautados durante operativos. A su vez, el Decreto Legislativo 1688 obliga a las empresas operadoras de telecomunicaciones a colaborar técnicamente con el INPE y la PNP en la detección de señales ilegales.

Durante el debate, el congresista Alejandro Muñante (RP) pidió que el dictamen considere su propuesta inicial: “Nosotros planteamos la incorporación del inciso i en el artículo 200.6 del Código Penal, que agrava la pena de extorsión cuando esta se comete desde los establecimientos penitenciarios, lo cual no ha sido recogido en el dictamen”.

Por su parte, la congresista María del Carmen Alva (AP) respaldó el dictamen y enfatizó que la reforma “restablece la autoridad del Estado donde más se ha perdido: en las cárceles”. Añadió que “cierra brechas y elimina vacíos legales, devolviendo el control a quien nunca debió perderlo: al Estado, no al delincuente”.

La legisladora citó cifras preocupantes: “Según el INPE, más de 26 mil internos están presos por extorsión y secuestro”, precisó.

Más adelante, José María Balcázar (Perú Libre) cuestionó la efectividad de la norma al señalar que “endurecer las penas no terminará con la crisis penitenciaria”. A su juicio, “existe corrupción de agentes penitenciarios que permiten el ingreso de los teléfonos celulares”, y mientras ese problema no se solucione, las medidas punitivas serían insuficientes.

Tras el debate, la comisión aprobó el dictamen con 21 votos a favor y cargo a redacción, consolidando así una de las reformas penales más amplias contra la criminalidad organizada dentro de los penales.

REDUCEN BUROCRACIA EN ADOPCIONES

El grupo parlamentario también aprobó —por mayoría con 10 votos a favor y 9 abstenciones— el dictamen recaído en los proyectos de ley 10905/2024-CR, 11716/2024-CR y 12325/2025-CR, que modifica artículos del Código Civil y del Decreto Legislativo 1297 para promover el derecho al adoptado y agilizar los procedimientos de inscripción.

La congresista Jessica Córdova Lobatón (RP), autora de la iniciativa, explicó que el proyecto busca “garantizar el interés superior del niño precisando plazos para la inscripción de partidas de adopción”.

El presidente de la comisión destacó que la medida “democratiza los procesos de adopción y combate la excesiva burocracia que desanima a muchas familias”.

Sin embargo, Gladys Echaíz (HyD) opinó que “esta redacción enrevesa los procedimientos”, y sostuvo que bastaba con “establecer que la inscripción de la partida se realice dentro de las 24 horas de recibida la notificación”.

REFORMA PARA PROFESORES DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Asimismo, la Comisión de Justicia aprobó, por mayoría (15 votos a favor y 4 abstenciones), el dictamen recaído en los proyectos de ley 05665/2023-CR y 09623/2024-CR, que modifica la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, para incorporar a los profesores de instituciones educativas básicas y técnico-productivas que laboran en penales. La iniciativa fue impulsada por los congresistas Luis Aragón Carreño(AP) y Alex Paredes Gonzáles(SP).

CUESTIÓN PREVIA

Durante la sesión, la congresista María del Carmen Alva presentó una cuestión previa para el retorno del Proyecto de Ley N.° 11662/2024-DP, de la Defensoría del Pueblo, que pretendía modificar la Ley N:° 30944 sobre la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

“Este proyecto altera el diseño institucional del sistema disciplinario sin una sola opinión de las entidades vinculadas, ni de la Junta Nacional de Justicia ni de la propia Autoridad Nacional de Control”, expresó Alva.

Gladys Echaíz agregó que “llama la atención que la Defensoría, que debe defender los principios constitucionales, proponga la dependencia de un órgano de control respecto a otro del sistema judicial”.

La cuestión previa fue aprobada con 16 votos a favor y 3 en contra, disponiéndose que el proyecto retorne a comisión.

PASA A CUARTO INTERMEDIO PROYECTO SOBRE FINANCIAMIENTO POLÍTICO

Por otro lado, el Proyecto de Ley N.° 10267/2024-CR, presentado por el congresista Flavio Cruz Mamani (PL), que propone modificar el Código Penal para sancionar y fortalecer la transparencia del financiamiento a los partidos políticos, pasó a cuarto intermedio.

Gladys Echaíz advirtió que el nuevo texto “reduce los alcances de la persecución penal y saca de responsabilidad a representantes legales y administradores de partidos”.

Martha Moyano (FP) coincidió: “No podemos dar un mensaje de que pretendemos mejorar una legislación que sanciona la recepción de dinero ilícito; además, no se aplicaría a las últimas elecciones”.

José María Balcázar sostuvo que “la ley actual está bien y no requiere modificaciones”, mientras Jorge Morante (FP) consideró que “esta norma restringe la persecución penal y genera desconfianza ciudadana”.

El presidente de la comisión, Flavio Cruz, aclaró que “presumir que todos son delincuentes es un error; la norma busca ordenar la responsabilidad en la recepción de aportes, sin prejuzgar”.

SUSTENTACIONES

Finalmente, se sustentaron los proyectos de ley 10674/2024-CR, sobre incorporación de artículos a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (Juan Carlos Lizarzaburu); 08551/2024-CR, sobre digitalización de procesos judiciales (Américo Gonza); y 12088/2025-CR, que propone modificar el Código Penal respecto al uso responsable de los símbolos patrios (José Elías Ávalos).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL