La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Flavio Cruz Mamani (PL), aprobó una serie de dictámenes orientados a fortalecer el sistema judicial, garantizar el acceso a la justicia y promover la transparencia en la gestión pública.

En el inicio de la agenda, el grupo de trabajo aprobó por unanimidad —con 19 votos a favor— el dictamen recaído en los proyectos de ley 02854/2022-CR, 04146/2022-CR, 05371/2022-CR, 06025/2023-CR, 10112/2024-CR, 10529/2024-CR y 11061/2024-CR.

El texto sustitutorio propone modificaciones sustanciales al Código Penal, Decreto Legislativo 635, con el objetivo de fortalecer la prevención y sanción de la tenencia ilegal de armas y endurecer las penas frente a delitos como el sicariato, la receptación y el tráfico ilícito de armamento.

Ese dictamen incorpora reformas a los artículos 108-C, 194, 279, 279-A, así como los artículos 279-B hasta 279-G, elevando penas, ampliando agravantes —como el sicariato, el tráfico, la receptación— y tipificando responsabilidades penales más estrictas. En particular, el artículo 108-C estipula prisión mínima de 35 años para sicariato, con posibilidad de cadena perpetua en escenarios agravados.

Agrega que «la misma pena se impondrá a quien ordena, encarga, acuerda, financia, proporciona apoyo logístico u organiza de cualquier forma el sicariato, así como a quien actúa como intermediario en la cadena delictiva2.

Otro artículo modificado es el artículo 279-B referido a la “sustracción o arrebato de armas de fuego”.

Señala que “el que sustrae o arrebate armas de fuego en general, o municiones y granadas de guerra o explosivos a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o de Servicios de Seguridad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco años”.

Además, precisa que “si el agente realiza la conducta descrita en el primer párrafo en estado de emergencia decretado conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, la pena privativa de libertad será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años”.

El presidente de la comisión, Flavio Cruz Mamani, resaltó que la propuesta “no genera un gasto público adicional ni requiere la creación de nuevos organismos estatales, sino que busca precisar definiciones legales para facilitar la imputación de responsabilidad penal en investigaciones complejas y reforzar la seguridad ciudadana”.

En el debate, el congresista Américo Gonza (PL) expresó sus reparos respecto al incremento de penas.

“Yo no sé si eso funciona, porque acá nos hemos dedicado a elevar las penas y la delincuencia sigue presente. En esta comisión obra el proyecto de ley 9336, que propone prohibir la tenencia y porte de armas a los extranjeros. Si un extranjero viene al país a trabajar, no tiene la necesidad de utilizarlas, salvo excepciones”.

PENSIÓN ALIMENTARIA

Posteriormente, la comisión aprobó por mayoría —con 10 votos a favor, 6 abstenciones y 2 en contra— el dictamen recaído en los proyectos de ley 1600/2021-CR, 9372/2024-CR y 10055/2024-CR.
El texto sustitutorio modifica el artículo 565-A del Código Procesal Civil, permitiendo que un demandante de reducción, variación o exoneración de pensión alimentaria pueda presentar su solicitud sin haber pagado la totalidad de los montos adeudados, siempre que acredite un cambio sustancial y sobreviniente en su situación económica.

El presidente Flavio Cruz explicó que la propuesta “busca equilibrar el derecho de acceso a la justicia con el interés superior del niño y del adolescente, garantizando decisiones judiciales justas y proporcionales”.

PUBLICACIÓN DE AGENDAS JUDICIALES

Asimismo, el grupo parlamentario aprobó por mayoría —17 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra— el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 9315/2024-CR, que promueve la publicación obligatoria de las agendas judiciales en los portales institucionales del Poder Judicial.

El objetivo es fortalecer la transparencia, acercar la justicia a la ciudadanía y garantizar el acceso público a la información sobre las audiencias programadas en todos los distritos judiciales, respetando la protección de datos personales.

La congresista Nilza Chacón (FP) respaldó la medida señalando que “esta norma responde a una demanda legítima de la sociedad: saber cuándo y cómo se administran los procesos judiciales. El texto es equilibrado, moderno y viable. Promueve la transparencia sin vulnerar la intimidad ni la confidencialidad de las partes”.

En tanto, José María Balcázar (PL) advirtió sobre posibles riesgos de estigmatización en casos judiciales.

“La transparencia está bien, pero debe tener límites. No podemos exponer a personas procesadas que luego resultan absueltas”.

EN CUARTO INTERMEDIO

La comisión dejó en cuarto intermedio el dictamen recaído en los proyectos de ley 5808/2023-CR, 06382/2023-CR, 11509/2024-CR y 12295/2025-CR, que propone ampliar el acceso a las técnicas de reproducción médicamente asistida en el sistema nacional de salud.

La legisladora Kelly Portalatino (PL), autora de la iniciativa, lamentó la decisión sosteniendo que “la fertilidad no puede seguir siendo un privilegio ni un lujo. Esta propuesta daba a las mujeres hasta cinco oportunidades reales de formar una familia mediante técnicas médicas seguras y accesibles”.

No obstante, Milagros Jáuregui de Aguayo (RP) sostuvo una posición contraria: “Esta iniciativa es un atentado contra la dignidad humana, pues considera al ser concebido como un producto. Vulneraría el derecho del niño por nacer reconocido en la Constitución y en la Ley 39135”.

El congresista Alejandro Muñante (RP) coincidió en que “la norma transgrede derechos fundamentales como la vida, la familia y la identidad del niño”.

FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Finalmente, la comisión no aprobó el dictamen que buscaba modificar el Código Penal con el fin de reforzar la regulación del financiamiento político, prevenir el lavado de activos y sancionar el falseamiento de información contable en los partidos.

Solo votaron a favor 3 parlamentarios, mientras que 9 se abstuvieron y 6 votaron en contra.

SUSTENTACIÓN

Durante la sesión, también se sustentaron el Proyecto de Ley 03104/2022-CR, que propone otorgar competencia agraria a los juzgados de paz letrados, de autoría del congresista Segundo Montalvo (PL) y el Proyecto de Ley 05566/2022-CR, presentado por Diego Bazán Calderón (RP), que plantea reestructurar y repotenciar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL