La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria, presidida por la congresista Esmeralda Limachi Quispe (JP-VP-BM), recibió los informes de funcionarios públicos sobre los avances y compromisos asumidos en favor de niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), epicentro de graves denuncias de violencia sexual, trata de personas y abandono estatal.

Durante la sesión, Limachi recordó que en junio de 2024 la comisión trató en conjunto con la de Pueblos Andinos las graves denuncias de violencia sexual y acoso en instituciones educativas amazónicas.

“Las niñas de Condorcanqui viven una situación crítica que clama por atención inmediata del Estado”, enfatizó. Agregó que el grupo especial desplegó acciones descentralizadas en agosto pasado, incluyendo una sesión en Puerto Galilea, donde gestionó atenciones médicas de alta complejidad con el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional del Niño de San Borja y el Gobierno Regional de Amazonas.

EDUCACIÓN, DISCIPLINA Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, el gerente regional de Desarrollo Social, Marco Antonio Cardozo Montoya, informó que la matrícula escolar rural aumentó y que el gobierno regional separó a 45 docentes investigados por presunta violencia sexual. Además, anunció la construcción de dos residencias estudiantiles y la futura filial de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en Condorcanqui.

Cardozo añadió que se realizan jornadas integrales de salud y campañas de nutrición infantil, además de implementar el Protocolo Regional de Lucha contra la Trata de Personas y un Reglamento interno para la Red Multisectorial Regional.

DIFICULTADES LOGÍSTICAS

Asimismo, el director regional de Educación, Pastor Izquierdo Suárez, explicó que las distancias y los costos de transporte fluvial dificultan el monitoreo escolar.

“Es una zona muy dispersa; los especialistas deben recorrer grandes trayectos para llegar a las comunidades, y el presupuesto es limitado”, lamentó. No obstante, destacó los talleres de atención y reintegración de menores víctimas de trata y las campañas de sensibilización que desarrollan las UGEL locales.

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS

Representante del Ministerio de la Mujer sostuvo que el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) ya opera en Condorcanqui, pese a los problemas de infraestructura y personal. “Contamos con un Centro de Emergencia Mujer que amplió su horario y atiende también en awajún y wampis”, precisó. Agregó que el ministerio elabora un informe para evaluar los avances del sistema en la región.

El funcionario del MIDIS, Ángel Amílcar Fernández Canchari, anunció que el Programa Juntos ampliará su cobertura a familias awajún y wampis. “Este semestre se prioriza el ingreso de nuevas familias usuarias, especialmente en zonas rurales con alta vulnerabilidad”, señaló.

Desde el Ministerio de Cultura, Susana Matute, directora de Ciudadanía Intercultural, resaltó los esfuerzos para fortalecer la prevención de la violencia sexual.

“Estamos trabajando una intervención territorial con enfoque intercultural, respetando la cosmovisión de los pueblos awajún y wampis”, explicó. Detalló que capacitan traductores, servidores bilingües y líderes indígenas para que comprendan el sistema de justicia y acompañen los casos de violencia.

Matute advirtió que denunciar una violación en Nieva cuesta en promedio 170 soles, lo que obstaculiza el acceso a la justicia. “Muchas víctimas no pueden llegar a las audiencias; se desincentiva la denuncia y se perpetúa la impunidad”, resaltó. En la justicia comunal, añadió: “La víctima debe asentar una denuncia y pagar el costo que oscila entre S/10.00 y S/20.00. El Apu no actúa de oficio, en ningún caso”, lo que evidencia la falta de articulación con el sistema judicial ordinario.

ALERTAS SOBRE EXPLOTACIÓN INFANTIL Y MINERÍA ILEGAL

El representante del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis denunció una crisis social alarmante. “Los niños son trasladados para cosechar droga o trabajar en minería ilegal. Además, hay menores embarazadas por mineros. Nos apena ver que nuestros niños mueren por VIH”, reveló. El dirigente reclamó una intervención urgente del Estado y coordinación con los gobiernos locales. “Estamos fracasando como comunidad si dejamos que nuestros niños mueran”, expresó con indignación.

MINISTERIO PÚBLICO

Vale indicar que el Ministerio Público informó que entre enero y julio de 2025 atendió 258 nuevas víctimas en Condorcanqui. De ellas, 96 fueron por violación sexual y 101 por agresiones físicas, mientras 49 menores denunciaron tocamientos indebidos y 12 casos correspondieron a acoso sexual. La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes entre 12 y 17 años.

ACCIONES SANITARIAS Y PREVENCIÓN DEL MINSALUD

El director del Minsa, Cristian Díaz, detalló que se entregaron 46 kits de emergencia para casos de violencia sexual y se capacitó a 70 profesionales de salud. “Estamos fortaleciendo las capacidades técnicas y promoviendo educación sexual integral en contextos comunitarios amazónicos”, indicó.

En ese sentido, la congresista Nieves Limachi reafirmó la postura del Congreso de continuar fiscalizando las políticas públicas.

“Reafirmamos nuestro compromiso firme de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, que son el presente y el futuro del país”, expresó con emotividad. Resaltó que el desafío requiere “una acción conjunta entre el Estado, las comunidades indígenas y la sociedad civil para erradicar la violencia y garantizar justicia sin discriminación cultural ni lingüística”.

ACUERDO

En la misma sesión, se aprobó, por unanimidad con cuatro votos a favor, la propuesta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, para que, mediante decreto supremo, se declare el año 2026 como el “Año de la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes”.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL