La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Elvis Vergara Mendoza (AP), aprobó -por mayoría- solicitar facultades de comisión investigadora para indagar las presuntas irregularidades en obras paralizadas, proyectos y contratos en los gobiernos regionales de Junín, Tumbes y La Libertad.

En el caso de Junín, el congresista Ilich López Ureña (AP) presentó una moción de orden del día con el fin de investigar presuntas irregularidades en la gestión del actual gobernador regional (periodo 2023–2025). La investigación se centrará —aunque no de manera exclusiva— en la ejecución de obras públicas, procesos de contratación y uso de recursos públicos, incluyendo la paralización o retraso de proyectos de inversión, así como posibles actos de colusión, corrupción u otras faltas funcionales.

La comisión investigadora ejercerá todas las facultades conferidas por el artículo 97° de la Constitución Política, pudiendo actuar a nivel nacional, realizar convocatorias, solicitar información y coordinar con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y otras instituciones competentes.

“Existen temas álgidos que se deben resolver, sobre todo aquellos relacionados con la transparencia”, señaló el congresista López Ureña.

Seguidamente, el congresista Héctor Ventura Ángel (FP) solicitó investigar de igual manera al Gobierno Regional de Tumbes, al advertir que en dicha jurisdicción se han evidenciado presuntos actos de corrupción en las más altas esferas del gobierno regional, incluyendo recientes allanamientos a funcionarios presuntamente vinculados a organizaciones comunales relacionadas con dicha entidad.

El parlamentario pidió la intervención inmediata del Gobierno Regional de Tumbes, a fin de que sus representantes sean convocados, incluso de grado o fuerza, para que comparezcan ante la comisión y brinden las aclaraciones correspondientes.

“Tumbes no es la excepción. Lamentablemente, se han realizado allanamientos a funcionarios del gobierno regional por presuntos actos de corrupción. Entre los involucrados figuran familiares, asesores y directores regionales”, precisó Ventura Ángel.

Por su parte, el congresista Juan Burgos Oliveros (PP) planteó que también se incluya al Gobierno Regional de La Libertad, debido a graves denuncias de irregularidades en contratos del corredor vial de La Libertad, con elevados presupuestos y presuntos favorecimientos a determinadas empresas vinculadas al gobernador regional César Acuña.

Estabilidad laboral para profesionales de la Contraloría

En otro momento, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó —por mayoría— el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 12007/2024-CR, 12229/2024-CR, 12320/2024-CR, 11916/2024-CR, 11863/2024-CR y 11597/2024-CR, que propone la Ley de estabilidad laboral para los profesionales de la Contraloría General de la República con vínculo laboral a plazo indeterminado y recontratados en los años 2022, 2023 y 2024.

El presidente de la comisión, Elvis Vergara Mendoza, destacó que desde un punto de vista técnico la propuesta responde a la necesidad de adecuar los mecanismos institucionales a las exigencias contemporáneas, garantizando la viabilidad y factibilidad de su implementación dentro del marco constitucional.

“La iniciativa permitirá fortalecer el control gubernamental, al contar con aproximadamente 300 servidores públicos especializados, formados y comprometidos con el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la Contraloría”, sostuvo Vergara.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL