La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Elvis Vergara Mendoza (AP), recibió este miércoles al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, a fin de que responda por los audios difundidos en medios de comunicación que lo vincularían con presuntas coordinaciones sobre beneficios penitenciarios.

El presidente de la comisión, Elvis Vergara, exhortó a Arana a acudir directamente al Pleno del Congreso antes de que prospere una interpelación, advirtiendo que los cuestionamientos son graves y están dañando la figura presidencial.

La congresista Norma Yarrow Lumbreras (RP) lamentó que el titular de la PCM no haya hecho un “mea culpa” y sostuvo que la recomendación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia pone en peligro lo poco que le queda de aceptación a la presidenta Dina Boluarte. Agregó que resulta contradictorio hablar de un gobierno “impecable y sin corrupción” mientras se mantiene en el gabinete a ministros cuestionados.

Por su parte, Elizabeth Medina (SP) denunció el mal uso de las filtraciones en las investigaciones fiscales. “Los audios difundidos ni siquiera cuentan con peritaje técnico. No podemos permitir que se conviertan en instrumentos políticos”, señaló, al tiempo de pedir al presidente del Consejo de Ministros declarar bajo juramento si las grabaciones son auténticas o fraguadas.
En una línea, María Taipe Coronado (PL) exigió que Arana dé un paso al costado mientras duren las investigaciones.

“No estamos ante simples grabaciones, sino frente a la radiografía de un Ejecutivo corroído por la desconfianza”, advirtió, al anuncia además que su bancada firmará la moción de censura.

El congresista Jorge Marticorena Mendoza (APP) llamó a la reflexión y exhortó a que las responsabilidades políticas se enfrenten con transparencia, evitando que la crisis se convierta en un aprovechamiento político.

A su turno, Ilich López Ureña (AP) planteó directamente si el premier solicitará la renuncia del ministro Santiváñez o asumirá él mismo una responsabilidad política frente a los cuestionamientos.

En su intervención, el presidente del Consejo de ministros, Eduardo Arana Ysa, rechazó las acusaciones y sostuvo que no tiene “responsabilidad política, legal ni ejecutiva” en relación con los hechos. Recordó que ya declaró ante el Ministerio Público en calidad de testigo y que colaboró plenamente con la investigación.

“Me sorprende y me indigna que este argumento se utilice nuevamente con fines políticos para intentar desestabilizar al gobierno. No conozco al interno Miguel Marcelo ni dispuse traslado alguno de internos durante mi gestión en el Ministerio de Justicia”, afirmó.

Arana cuestionó la filtración de pruebas desde la Fiscalía y sostuvo que la difusión mediática de los audios demuestra un uso político del proceso. Asimismo, aseguró que está dispuesto a aceptar el levantamiento de su secreto de comunicaciones.

MINISTRO DE JUSTICIA

Seguidamente, se presentó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, quien fue convocado para informar sobre los audios difundidos en un programa dominical que lo vincularían a un presunto favorecimiento de la situación carcelaria de un integrante de la organización criminal “Los Pulpos” de Trujillo, cuando ejercía el cargo de ministro del Interior.

El ministro rechazó categóricamente el contenido de los audios. Señaló que se trata de la quinta campaña mediática en su contra y que todas las anteriores quedaron desestimadas. Explicó que la Fiscalía realizó dos peritajes oficiales: el primero, difundido por los medios, que señalaba una alta probabilidad de que la voz fuese suya; y un segundo, también oficial, que concluyó que no era posible un análisis concluyente, el cual denunció fue ocultado deliberadamente.

Santiváñez entregó a la comisión copia del peritaje reservado, asegurando que con ello queda demostrado que las acusaciones carecen de sustento. Agregó que los registros oficiales de visitas al Ministerio del Interior no coinciden con los horarios en que supuestamente se grabaron los audios lo que, a su juicio, confirma que “no existe ninguna fuente veraz que sustente estas imputaciones”.

En respuesta, la congresista Patricia Chirinos Venegas (RP) le pidió aclarar si la voz en los audios era suya y si existió alguna solicitud irregular de traslado de reclusos. Santiváñez respondió que nunca citó clientes a su despacho, que todas las reuniones fueron registradas oficialmente en el portal de transparencia.

Sobre una consulta de la congresista Vivian Olivos Martínez (FP) de una supuesta persecución contra Santiváñez, este respondió que existe una parte del Ministerio Público y de la prensa que ha instrumentalizado sus funciones, aunque reconoció la labor de fiscales y periodistas independientes que cumplen con objetividad.

Al ser consultado por Edwin Martínez Talavera (NoA) sobre una eventual renuncia, el ministro respondió que no renunciará y que se somete plenamente a la fiscalización del Congreso.

Finalmente, se presentó Emilio Paredes Yataco, presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, quién informó sobre la línea de tiempo de los movimientos al anterior centro penitenciario de Miguel Salirrosas, alias “el diablo” desde enero de 2024 a la fecha.

Paredes informó que durante, todo el año 2024, el interno recluido en el penal de Trujillo bajo régimen cerrado especial no fue trasladado a ningún otro establecimiento ni a otro pabellón dentro del mismo penal.

Sin embargo, el 8 de julio de 2025 se dispuso sancionar al interno con 30 días de aislamiento y ordenar su traslado a otro penal, luego de que una agente penitenciaria encontrara en su celda tres objetos prohibidos como un USB, una radio y un cargador.

“Estos elementos, totalmente prohibidos en cualquier régimen penitenciario, constituyen faltas disciplinarias graves e incluso pueden configurar delito. Por ello, en aplicación de los protocolos establecidos, se determinó de inmediato la sanción y el traslado del interno”, precisó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL