Por tratarse de obras públicas destinadas a cerrar brechas sociales, la Comisión de Fiscalización y Contraloría reafirmó su compromiso e interés por resolver las 2500 obras estatales paralizadas y que están valorizadas en 18 mil 360 millones de soles.

Fue durante la exposición del contralor general de la República, Nelson Shack, ante ese grupo de trabajo, quien explicó que la paralización de las obras públicas se debe a litigios o controversias, por falta de saneamiento legal de los terrenos y por expedientes técnicos mal elaborados. “Para destrabar estas obras se requieren presupuesto y una base legal que lo permita vulnerar derechos legítimos”, indicó.

“Aquí no hay sesgo político ni partidario. Se tiene que solucionar esta situación que ha violentado las expectativas de la población. Hay frustración por tanta inversión. Vemos que (estas obras)  se van al agua y no se ven los servicios que demanda la ciudadanía. Se sabe que 23 hospitales están paralizados, violentando el derecho a la salud”, dijo el congresista y presidente de dicha comisión, Alejandro Aguinaga Recuenco (FP).

De acuerdo con el corte efectuado al mes de setiembre, se identificaron un total de 2445 obras por contrata paralizadas: «293 están enmarcadas bajo el DU 008-2019, y el DL 1486 estaría fuera del DU”, informó el contralor. A nivel de administración, los gobiernos locales tienen la mayor cantidad de obras paralizadas, mientras que los gobiernos regionales concentran mayor monto de inversión.

Asimismo, Shack aseveró que ningún gobierno regional tiene la capacidad técnica para llevar adelante la construcción de un hospital. Propuso que, si gobierno regional no tiene la capacidad para destrabar obras paralizadas, se traslade al Gobierno central. “¿El Gobierno nacional no va a tener la capacidad para financiar la obra?”, sostuvo.

“Nos cansamos de coordinar con el Ministerio Público, pero el punto es que ellos tampoco tienen la capacidad. ¿Cuántos procuradores públicos anticorrupción tienen?, preguntó.

También, Shack Yalta recordó que presentó tres iniciativas legislativas durante el periodo parlamentario 2016-2021; por lo que pidió a los congresistas que estas propuestas sean actualizadas. Estas consisten en garantizar la continuidad de proyectos de inversión para la provisión de infraestructura u obras paralizadas, otra que regula la ejecución de obras públicas por administración directa, y la tercera apunta a sistematizar la información de las contrataciones del Estado para un efectivo control de los recursos públicos.

En su intervención, el congresista Luis Alegría García (FP) planteó sumar esfuerzos entre el Ejecutivo y el Legislativo para resolver el problema presupuestal y normativo, respectivamente; toda vez que se está dejando de atender a la población más vulnerable del país.

“Tenemos que insistir en la ley del control concurrente, ver la forma de cómo salvar las obras y prevenir que esta situación se repita”, aseveró por su parte el congresista Enrique Wong (PP).

A su vez, Pasión Dávila (PL) expresó que como congresistas “hay que ser más eficientes y sacar leyes que castiguen la corrupción en las obras publicas”.

Por su lado, la parlamentaria Martha Moyano (FP) se comprometió a hacer suyas las propuestas legislativas planteadas por la Contraloría en su oportunidad. “Acá se tiene que ver un trabajo concreto de legislar”, dijo.

Para la congresista Elizabeth Medina (PL), la solución parte por ponerse la camiseta y destrabar las obras para su ejecución. Con ello coincidió el legislador Edgard Reymundo, quien además considero que las recomendaciones del control concurrente que hace la Contraloría tengan carácter vinculante.

MIGRACIONES

En la sesión también se presentó el jefe de la Unidad de Investigación de Latina, Christopher Acosta, para exponer sobre presuntos reglajes a políticos y periodistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por parte de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Informó que, en ese aeropuerto, los inspectores -a cargo de los módulos de entrada y salida del control de migraciones- solicitan los pasaportes y cuando la información personal se carga en el sistema hacen una captura de pantalla “por órdenes institucionales”, para luego compartirlo a través de un chat de Whatsapp, lo cual configuraría una “fuga masiva de datos personales migratorios” de políticos, personajes públicos, del espectáculo, futbolistas, entre otros.

“Si los inspectores nos han llamado para comentarnos esto, es porque ellos no están de acuerdo. A ellos se les pide hacer esta captura de pantalla que no está contenido en ningún reglamento de la institución”, afirmó.

El periodista dijo que esa información está siendo utilizada por algunas personas y manifestó su deseo que la Comisión de Fiscalización continúe las investigaciones.

“Estoy dejando 30 números telefónicos de las personas que integran el Whatsapp. Es un grupo con números de teléfonos cedidos por la institución. Entonces, Migraciones debe explicar por qué se estaban usando los teléfonos. Aquí hay una organización -a la interna- que están compartiendo la información”, sostuvo.

Para el congresista Guido Bellido (PL) existe “un manejo doloso de la información”, lo cual amerita realizar una investigación profunda que conduzca a identificar las causas y las motivaciones que tuvo el personal para se haya compartido la información.

“Se presume que ha habido reglaje de carácter político o comercial para saber dónde se encuentran ciertas personas y saber sus movimientos migratorios”, sostuvo, al tiempo de considerar que los funcionarios -que deben preservar los derechos de las personas- tienen que ser severamente sancionados. “No puede existir este tipo de hechos en el país”, concluyó.

GRUPO DE TRABAJO

Finalmente, con diez votos a favor fue aprobada la conformación de un grupo de trabajo encargado de investigar presuntas irregularidades en los gobiernos regionales de Huánuco y Pasco. Fue a pedido del congresista Pasión Dávila.

OFICINA DE COMUNICACIONES