La Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el congresista Juan Burgos Oliveros (PP), aprobó por mayoría el informe final sobre las indagaciones realizadas al presunto uso indebido de un vehículo presidencial por parte de la mandataria Dina Boluarte Zegarra, denominado como caso Cofre.

El informe concluye que existen indicios suficientes para solicitar al Pleno del Congreso el otorgamiento de facultades de comisión investigadora a ese grupo de trabajo. Asimismo, recomienda evaluar una posible declaratoria de vacancia por incapacidad moral permanente, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Perú.

La propuesta surge como respuesta a los obstáculos enfrentados durante la indagación, que limitaron el acceso a información clave. En ese sentido, se plantea también una reforma del Reglamento del Congreso para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría cuente de manera permanente con facultades investigadoras, sin necesidad de solicitar autorización caso por caso. Esta medida busca fortalecer el control parlamentario y permitir una fiscalización más ágil y eficaz sobre la gestión pública.

Además, el informe recomienda remitir copia del documento a la Fiscalía de la Nación, a fin de que evalúe la apertura de investigaciones preliminares contra la mandataria y otros posibles responsables por la presunta comisión de delitos como peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de funciones y encubrimiento personal.

DEBATE

Durante el debate, congresistas de diversas bancadas expresaron sus posturas. El congresista Isaac Mita Alanoca (PL) cuestionó la validez del informe, afirmando que el documento carece de pruebas sólidas y responde a una estrategia de persecución política:

“Este informe intenta justificar sanciones políticas sin que exista una responsabilidad objetiva ni dolo comprobado. No podemos avalar una investigación sustentada en suposiciones y testimonios ambiguos”, dijo.

En contraposición, el presidente de la comisión, Juan Burgos, defendió el trabajo realizado y subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre los altos funcionarios del Estado.

“No se trata de una persecución política. Se trata de garantizar que nadie, ni siquiera la presidenta de la república, esté por encima del control constitucional”, precisó.

El congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) valoró el esfuerzo de la comisión pese a la ausencia de facultades investigadoras, y destacó el informe como un aporte significativo al Ministerio Público y al derecho ciudadano a conocer la verdad.

“Este informe puede ser un insumo útil para que se determine si hubo encubrimiento o uso indebido de bienes públicos en beneficio de personas investigadas por la justicia”.

Por su parte, el congresista Segundo Montalvo Cubas (PL) expresó su desacuerdo con el contenido del informe, al considerar que este carece de objetividad y solidez jurídica.

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