La Comisión de Fiscalización y Contraloría logró casi el 80 % de sus metas durante el periodo que culminó tras investigar y resolver casos sobre los que la población tenía demandas y denuncias, en las funciones de control e investigación, fundamentalmente por casos de corrupción de funcionarios y en el marco de la pandemia.

El presidente de ese grupo de trabajo, Édgar Alarcón Tejada (UPP), calificó de positivo el balance y consideró que uno de los casos emblemáticos de corrupción, el de Ricardo Cisneros Carballido o “Richard Swing”, ya hay un informe listo, el mismo que ha sido elevado a la Mesa Directiva del Congreso.

“Estamos a la espera de que se ponga en agenda para que sea sustentado y, de ser el caso, aprobado”, expresó el legislador.

Anunció que ese grupo trabajará de enero hasta junio del presente año en la investigación de casos importantes, para entregar sus informes en julio, entre ellos el de Chinchero; y la muerte de Emerson Fasabi en la  casa de los esposos Humala-Heredia, este informe a punto de culminarse.

También, se investigará el mal uso de recursos en Petroperú, problemas en las empresas azucareras y otros.

ARDUA LABOR

Indicó que entre la primera y segunda legislatura se realizaron 27 sesiones ordinarias, 47 extraordinarias y dos sesiones conjuntas. “O sea, como comisión hemos cumplido una ardua labor y con el compromiso de cada uno de los 19 integrantes”, anotó.

Refirió que las sesiones se llevaron a cabo en forma virtual y presencial los días miércoles de cada semana, y recibieron la visita de ministros y altos funcionarios de distintos sectores, quienes dieron información y explicaciones de situaciones coyunturales, dentro del control político y de investigación en medio de la emergencia sanitaria.

Empero, no solo eso, sino que hubo lugar para que la comisión brinde recomendaciones para una mejor atención de la población.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Alarcón Tejada se refirió a otros casos emblemáticos que fueron materia de investigación de la comisión frente a la demanda ciudadana, como el de la discoteca de Los Olivos, donde fallecieron trece personas.

Recordó que el ministro del Interior de ese momento, Jorge Montoya, tuvo que renunciar al mostrarse de que la versión que dio contrastaba con la realidad.

“No satisfizo sus respuestas ante la comisión y al final saltó la verdad de que la intervención policial fue diferente a lo que se explicó”, señaló el legislador.

Seguidamente, se refirió a los casos de adquisiciones dentro de la emergencia sanitaria y de atención de pacientes por parte de las clínicas particulares que hacían cobros exorbitantes por las pruebas moleculares. Indicó que el caso fue entregado a la Fiscalía para mayores pesquisas de esa entidad.

De igual manera, se refirió a siete grupos de trabajo conformados por la comisión, y explicó que cada uno tuvo a su cargo al seguimiento de lo realizado por los gobiernos regionales y entidades públicas, entre estas últimas, la Contraloría General de la República, sobre presuntos ilícitos en la compra de alcohol en gel, mascarillas, y otros artículos, sobrevalorados, y que contaban para ello con autorizaciones de la institución de control.

“De ese total ya están entregado cuatro informes y tres están pendientes, entre ellos el de la Contraloría”, anotó.

Otros casos que el legislador refirió es el de la Municipalidad de Breña, donde presuntamente se cobraban cupos que llegarían a las manos del alcalde, este caso ya cuenta con el informe respectivo y está en poder de la Fiscalía.

Se estaría cerrando también la investigación sobre la Municipalidad de Lima, por el caso del niño que murió al caer a un hueco en un parque. Así también, está pendiente el informe de San Isidro por cobros indebidos en los mercados.

ESTADÍSTICA

La Comisión de Fiscalización y Contraloría logró la promulgación de la Ley N.° 31016, que establece medidas para despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria COVID-19, de autoría del congresista Edgar Alarcón y otros.

Así también, la aprobación de la Resolución Legislativa del Congreso que establece la obligación de la presentación de declaración jurada de intereses de los funcionarios públicos, entre ellos de los congresistas, de autoría del congresista Ricardo Burga Chuquipiondo (AP).

Tiene seis dictámenes presentados  y una investigación culminada en proceso de digitalización sobre la pesquisa de los procesos de contratación de los servicios efectuados por el Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha.

La comisión conformó siete grupos de trabajo: encargados de investigar y fiscalizar los procesos de contratación de bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y el Centro de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares); y las contrataciones de los gobiernos regionales de Ucayali, Arequipa y Áncash.

También, se investigó el referido a la Contraloría General de la República, la construcción del Hospital Regional de Tacna; y las municipalidades de Lima y del Callao.

La comisión invitó hasta en once oportunidades a ocho ministros de Estado: del Interior (tres veces); Salud (dos veces); Economía; Agricultura y Riego; Energía y Minas; Educación, Justicia y Derechos Humanos; y Desarrollo e Inclusión Social. La mayoría producida en el marco de la emergencia sanitaria.

Entre los funcionarios invitados se cuentan a 70 titulares de importantes entidades públicas, como gobernadores, alcaldes y presidentes ejecutivos de instituciones nacionales. Además, cerca de 40 exfuncionarios y representantes de organizaciones y sindicatos laborales.

Lima, 7 de enero de 2021

PRENSA-CONGRESO