Bajo la presidencia del congresista Elvis Vergara Mendoza (bancada AP), la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República culminó la primera legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2025–2026 consolidándose como uno de los principales espacios de control político y defensa del uso correcto de los recursos públicos.

Uno de los hitos más relevantes fue la aprobación de facultades de comisión investigadora de las presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Huánuco, vinculadas a 32 obras paralizadas y contratos con la empresa Grupo Prégola S.A.C., durante la gestión del gobernador Antonio Pulgar Lucas.

Estas facultades fueron otorgadas por el Pleno del Congreso tras la aprobación, por 74 votos a favor, de la Moción de Orden del Día N.º 19978.

Gracias a estas atribuciones especiales, la comisión realizará una investigación más eficaz, transparente y exhaustiva sobre el destino de los fondos públicos asignados a proyectos de infraestructura vial, salud, transporte y otros sectores clave que permanecen inconclusos, afectando directamente a miles de ciudadanos de Huánuco.

La indagación comprende 22 obras públicas, la evaluación de posibles sobrecostos, contratos vinculados al Grupo Prégola S.A.C. y deficiencias en proyectos de alto impacto social, como el Hospital de Santa María. El plan de trabajo contempla revisión documentaria, citaciones, visitas in situ y coordinaciones con entidades de control, con miras a la elaboración de un informe final.

Asimismo, la comisión conformó un grupo de trabajo especial para investigar la problemática relacionada con la titularidad de la Universidad Nacional de Ingeniería, ampliando así su agenda de fiscalización institucional.

AVANCES NORMATIVOS Y DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES

En el plano legislativo, la Comisión de Fiscalización cerró la legislatura con avances normativos significativos. Durante el periodo recibió 14 proyectos de ley, que se tradujeron en tres dictámenes, orientados a fortalecer la institucionalidad del Estado y la transparencia.

Destaca el dictamen de los proyectos de ley 12007/2025-CR y otros, que propone la Ley de estabilidad laboral para profesionales de la Contraloría General de la República. Esta iniciativa reconoce los derechos de profesionales que, pese a contar con vínculos laborales indeterminados, fueron recontratados bajo modalidades temporales entre 2022 y 2024.

Asimismo, la comisión impulsó el dictamen recaído en los proyectos de ley 10778/2024-CR, 10868/2024-CR y otros, que propone la incorporación progresiva de trabajadores CAS a plazo indeterminado de la Contraloría al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, con el objetivo de uniformar las relaciones laborales y fortalecer la institucionalidad del sistema de control.

Además, el dictamen recaído en los proyectos de ley 5414/2022-CR y 9960/2024-CR, que propone modificar las normas que regulan la transferencia de la gestión administrativa en los gobiernos regionales y locales, con la finalidad de precisar responsabilidades administrativas, reforzar los mecanismos de fiscalización y fortalecer la transparencia, la idoneidad y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.

AGENDA ANTICORRUPCIÓN EN MARCHA

La comisión informó que mantiene en agenda importantes dictámenes orientados a reforzar la lucha contra la corrupción, entre ellos:
-El dictamen del Proyecto de Ley 10046/2024-CR, que amplía el control concurrente en las inversiones públicas.

-El dictamen del Proyecto de Ley 8889/2024-CR, que fortalece la Ley 31358.

-El dictamen del Proyecto de Ley 4850/2022-CR, referido a la declaración jurada de integridad funcional.

TRABAJO DESCENTRALIZADO Y CONTROL POLÍTICO

En el ámbito territorial, la Comisión de Fiscalización y Contraloría realizó audiencias públicas descentralizadas en Puno y Ucayali, recogiendo demandas ciudadanas y problemáticas regionales relacionadas con la gestión pública.

Durante la legislatura se desarrollaron 10 sesiones ordinarias, 9 sesiones extraordinarias y tres mesas técnicas, dos de ellas vinculadas a proyectos de ley sobre la Contraloría y una dedicada a la problemática institucional de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma.

En su rol de control político, la comisión citó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo y al ministro de Defensa, César Diaz Peche, para evaluar los avances de los estados de emergencia en La Libertad en materia de seguridad ciudadana, así como al ministro de Justicia, para analizar la situación crítica del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

De esta manera, el grupo de trabajo reafirma su compromiso con el control democrático, la defensa de los derechos laborales en el sector público y el fortalecimiento de los mecanismos de integridad y lucha contra la corrupción, consolidando una agenda que coloca en el centro la transparencia y la correcta administración de los recursos del Estado.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL