La Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el congresista Elvis Vergara Mendoza (bancada AP), demandó acciones inmediatas para corregir las deficiencias detectadas en obras públicas paralizadas y exigió que se determinen responsabilidades administrativas y penales en los casos donde los proyectos hayan ocasionado perjuicios al Estado y a la población.

Durante la vigésima quinta sesión extraordinaria descentralizada, realizada en Tacna, Vergara sostuvo que el rol de la comisión es fundamentalmente preventivo para evitar que continúen ejecutándose proyectos que terminen convertidos en “elefantes blancos”.

“Nuestra comisión no necesariamente es sancionadora, sino preventiva. Debemos evitar que existan hospitales y obras que queden a medio construir y que finalmente resulten imposibles de culminar. Cuando ya no existe posibilidad de corrección, entonces corresponde sancionar a los responsables administrativa y penalmente”, afirmó.

El titular del grupo de trabajo solicitó a la Contraloría General de la República información detallada sobre los casos en los que se han determinado responsabilidades que derivaron en denuncias penales promovidas por la Procuraduría Pública.

Uno de los temas centrales de la sesión fue la situación del Desembarcadero Pesquero Artesanal Morro Sama. Al respecto, Alejandra Huamán Hidalgo, gerente regional de control de Tacna, de la Contraloría General de República, informó que una auditoría de cumplimiento identificó graves irregularidades; entre ellas, la contaminación del ecosistema marino por el vertimiento de efluentes sin tratamiento, la inoperatividad del sistema de captación de agua de mar, el abandono de equipos de producción de hielo valorizados en miles de soles y pagos efectuados por servicios inconclusos.

La gerente regional de control de Tacna, Alejandra Huamán Hidalgo, explicó que la Contraloría realizó inspecciones especializadas, inmersiones submarinas y análisis acreditados por el INACAL, los cuales evidenciaron la degradación ambiental de la zona y la ausencia de especies marinas en sectores evaluados.

Por su parte, la congresista Esmeralda Limachi Quispe (bancada JPP-VP-BM) alertó sobre la falta de atención de las autoridades regionales frente a los problemas detectados en Morro Sama, infraestructura de la que dependen más de 1,600 pescadores artesanales de la región Tacna.

Asimismo, expresó su preocupación por la situación crítica del Hospital Hipólito Unanue, obra paralizada desde hace varios años y que acumula arbitrajes, controversias legales y observaciones técnicas que impiden su culminación.

Durante el debate, los parlamentarios coincidieron en que la paralización de hospitales y obras de infraestructura pública afecta directamente la calidad de vida de la población.

“Es indignante que existan hospitales valorizados en más de 500 millones de soles que no se encuentran al servicio de los ciudadanos. Lo mínimo que debe garantizar el Estado es salud y educación de calidad”, enfatizó Vergara.

En otro momento de la sesión, el congresista Jorge Flores Ancachi solicitó a la Contraloría informar sobre las acciones de control relacionadas con el presunto daño ambiental ocasionado por la remodelación de la Plaza de Armas de Ilave, la implementación de la Universidad Nacional Intercultural Aymara de Ilave y los presuntos incumplimientos contractuales en la carretera Chacallococha–Sorcua, en la provincia de El Collao.

Finalmente, la Contraloría informó que también mantiene bajo seguimiento diversas obras paralizadas en Tacna, entre ellas el proyecto hídrico Vilavilani II, valorizado en más de 102 millones de soles, cuya ejecución permanece detenida desde junio de 2025 debido a conflictos sociales y observaciones técnicas que aún no han sido subsanadas.

La Comisión de Fiscalización anunció que continuará realizando el seguimiento a estos casos con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos y el cierre de brechas en sectores prioritarios como salud, infraestructura y servicios básicos.

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