La Comisión de Fiscalización y Contraloría citará a los ministros de Educación, del Ambiente y de Energía y Minas, Ricardo Cuenca Pareja, Gabriel Quijandría Acosta y Jaime Gálvez Delgado, respectivamente, para que informen sobre problemas relacionados a sus sectores y que afectan a la población de algunas regiones del país.

En efecto, el grupo de trabajo aprobó, en mayoría, invitar al ministro Cuenca Pareja, a solicitud del congresista Fernando Meléndez Celis (APP), para que informe sobre la grave crisis institucional en la que se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas por falta de credibilidad, desgobierno y rompimiento del clima institucional de los que se responsabiliza a la actual comisión organizadora.

Lo propio ocurrió con los ministros Quijandría Acosta y Gálvez Delgado, a pedido del congresista Luis Carlos Simeón Hurtado (AP), para que informar respecto de las problemáticas del sector, así como de las alternativas y las estrategias que están emprendiendo para salvaguardar el lago Chinchaycocha y sus afluentes en Junín, que están contaminados por los residuos de la contaminación minera.

En el caso del ministro del Ambiente, se trata de una segunda invitación, puesto que la realizada para la presente fecha no concurrió, y en su representación participaron funcionarios del sector.

Se tenía previsto que informara sobre las presuntas irregularidades en la ejecución de dos proyectos y actividades en el departamento de Madre de Dios, entre ellos el mejoramiento del camino vecinal Centro Pastora-Chorrillos-Túpac Amaru-Tres Islas, en el distrito y provincia de Tambopata; además del mejoramiento y la ampliación de la gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de Puerto Maldonado.

Además, sobre los dispositivos legales destinados a la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por la COVID-19.

En representación del ministro, se presentó la directora general de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, Sonia Araníbar Tapia, quien indicó que tiene un programa de inversiones por endeudamiento, en primera etapa, que comprende a 31 ciudades a nivel nacional.

Asimismo, aseveró que ya están trabajando una segunda, que comprende el cierre y la recuperación de botaderos en las 31 ciudades.

También, Luis Sáenz Jara, responsable de la Unidad Ejecutora indicó que están en ejecución 23 proyectos por endeudamiento para el manejo integral de los residuos sólidos, con el BID y el Yica, que ya se encuentran concluidos, dentro de los cuales se encuentra el de Tambopata en Puerto Maldonado.

Afirmó que, en Tambopata, el proyecto beneficiará a una población de 114 mil habitantes por un periodo de diez años, que es lo que dura un relleno sanitario.

Indicó que todo el proyecto implica una inversión de 18 millones de dólares, al tiempo de entregar detalles de los proyectos a la comisión, entre ellos que serán entregados a las municipalidades, para que los manejen, operen y le den el mantenimiento correspondiente.

Por su lado, el alcalde de Tambopata, Francisco Keler Rengifo Khan, descartó un mal manejo de los residuos sólidos.
Por su parte, el congresista Alexander Lozano Inostroza (UPP), quien solicitó la presencia del ministro, afirmó que su pedido fue en función de la demanda de los habitantes de Tambopata.

PROVIAS

Más adelante, participó en la sesión virtual, el director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), Luis Alberto Chan Cardoso, para informar sobre el estado del contrato de servicio suscrito con el consorcio Alva-Aramsa, y el presunto incumplimiento de los plazos establecidos para llevar a cabo el servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial en Puno.

CARMEN DE LA LEGUA

El alcalde de Carmen de la Legua, Carlos Alfredo Cox Palomino, no se presentó por tercera vez, lo que fue motivo de crítica de parte de los congresistas.

El burgomaestre señaló en una carta que no concurría por “motivos estrictamente personales”.

El tema que se tenía previsto tratar es sobre presuntas irregularidades relacionadas a los aportes de beneficios sociales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua-Reynoso.

El congresista Marcos Pichilingue Gómez (FP) sostuvo que también tenía, entre otros temas, que responder por obras paralizadas, y pidió que lo convoquen nuevamente para que rinda cuenta de su administración.

La congresista Rosario Paredes (AP), quien reemplaza al titular de la comisión, Héctor Maquera Chávez (UPP), dijo que se informará sobre las medidas que se podrán adoptar para afrontar lo que consideró un desacato.

Finalmente, en representación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), se presentó Consuelo Calderón, ejecutiva de empresas en liquidación de la institución.

En torno a la situación de los trabajadores cesados de la liquidada Empresa Minera del Centro del Perú (Centromin Perú), afirmó que Fonafe no tiene responsabilidad frente a las obligaciones, sino el juez es quien decide sobre la cobrabilidad de las deudas.

OFICINA DE COMUNICACIONES