La Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el congresista Elvis Vergara Mendoza (bancada AP), aprobó -por unanimidad- citar a los ministros de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, y de Salud, Juan Carlos Velasco, para que informen sobre diversos temas vinculados a la gestión de sus sectores y sus efectos en la población.

En el caso del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, la comisión acordó convocarlo para que sustente la justificación de las demandas presupuestales planteadas por su sector, el impacto fiscal y financiero de las mismas, así como las coordinaciones previas realizadas con los distintos ministerios y entidades del Poder Ejecutivo para su formulación.

Asimismo, deberá detallar los criterios técnicos utilizados para determinar la inclusión o exclusión de determinados ministerios, programas e intervenciones dentro de la distribución de los recursos públicos.

De otro lado, la comisión aprobó citar al ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, para que responda sobre la situación del Vale de Soporte Nutricional, los cuestionamientos formulados por el Colegio de Obstetras respecto al proceso SERUMS y la no continuidad de trabajadores en las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Sur y Centro de Lima Metropolitana.

El grupo de trabajo también solicitó que el titular del sector explique las medidas que adoptará para garantizar que estas decisiones no afecten la atención de los usuarios ni la prestación de los servicios de salud a la población.

Ambas citaciones fueron aprobadas por unanimidad. La fecha y hora de presentación de los ministros serán comunicadas oportunamente por la comisión.

Equidad remunerativa en la Contraloría
Con 15 votos a favor, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó -por unanimidad- el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 13220/2025-CR, de autoría del congresista Alex Paredes Gonzáles (bancad SP), que plantea restablecer la equidad remunerativa de los trabajadores de la Contraloría General de la República sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Durante la sustentación, el presidente de la comisión señaló que se ha identificado que un importante sector de trabajadores de la Contraloría mantiene escalas salariales prácticamente congeladas desde hace más de 14 años, situación que habría generado una pérdida del poder adquisitivo superior al 57 %, afectando su derecho a una remuneración equitativa y suficiente.

Indicó que esta situación también dificulta la retención de personal altamente especializado, propiciando la migración de profesionales hacia otras entidades públicas y privadas, lo que impacta en la capacidad institucional de una entidad clave en la fiscalización de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.

El dictamen autoriza la implementación de una nueva escala remunerativa que deberá sustentarse en un estudio técnico elaborado por la Contraloría en un plazo máximo de 60 días, considerando criterios de competitividad, equidad interna, costo-beneficio e impacto presupuestario. Dicho estudio será evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que la nueva escala será aprobada mediante decreto supremo.

Asimismo, se establece que la implementación se realizará de manera gradual y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad y sin generar demanda adicional de recursos al Tesoro Público.

Durante el debate, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (bancada SP) sostuvo que la propuesta constituye una medida de justicia laboral orientada a corregir brechas salariales que afectan la motivación, el desarrollo profesional y la eficiencia de una institución estratégica para el control gubernamental. Añadió que una política remunerativa adecuada permitirá atraer y retener talento especializado, fortaleciendo las capacidades técnicas de la Contraloría en su labor de prevención y combate de la corrupción.

Por su parte, el autor de la iniciativa, congresista Alex Paredes Gonzáles (bancada AP), destacó que la propuesta beneficiará a cientos de familias y contribuirá a revertir la fuga de profesionales altamente calificados del Estado, fenómeno que afirmó viene debilitando diversas instituciones públicas.

En la misma línea, el congresista Carlos Zeballos Madariaga señaló que fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores de la Contraloría debe ir acompañado de mayores resultados institucionales en la lucha contra la corrupción, destacando el papel fundamental que cumple el organismo de control en la supervisión del uso de los recursos públicos.

Además, en la misma sesión, la comisión aprobó por unanimidad un dictamen negativo al Proyecto de Ley 7123/2023-CR, que proponía modificar la normativa de asociaciones público-privadas y arbitrajes para eliminar la confidencialidad de determinados procedimientos de resolución de controversias. El grupo de trabajo concluyó que la propuesta podría generar efectos adversos sobre la promoción de la inversión privada, además de haber quedado desfasada tras la derogación de los artículos que pretendía modificar.

Asimismo, se aprobó por unanimidad el predictamen de inhibición recaído en los proyectos de ley 4826/2022-CR y 4923/2022-CR, relacionados con el fortalecimiento de la autonomía económica, financiera y presupuestal de EsSalud y la intangibilidad de sus recursos.

Finalmente, el grupo de trabajo escuchó la ponencia de Antonio Argandoña Dueñas, vicecontralor del Control Gubernamental, quien informó sobre las presuntas irregularidades advertidas en el informe de control emitido por la Contraloría respecto del desarrollo de la primera vuelta de la Elecciones Generales 2026.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL