Tras varios meses de trabajo la Comisión de Fiscalización aprobó en informe final que contiene las conclusiones y recomendaciones de las investigaciones en torno a presuntos hechos irregulares que habría cometido el presidente de la República Pedro Castillo,  ministros de Estado y personajes del entorno presidencial en los casos denominados “Casa Sarratea y SBN”, “Puente Tarata III” y “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Injerencias ante el superintendente de la Sunat” y “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”.

A ese acuerdo se llegó en la sesión que realizó dicha comisión el jueves 30, dirigido por su presidente el congresista Héctor Ventura Ángel (FP), quien tuvo a su cargo la sustentación de dicho informe que es el resultado de 24 sesiones, entre ordinarias y extraordinarias, a las que asistieron 41 funcionarios y diversas personas en calidad de testigos y 13 personas pasaron a condición de investigados.

Ventura aseguró que se cumplió con el debido procedimiento parlamentario y puntualizó que se cumplió con citar al presidente Pedro Castillo en cuatro oportunidades. “Hubiera sido importante que el presidente muestre principios de transparencia, honestidad y probidad y no excusarse en falsos argumentos carentes de sustento legal y pretender que la comisión pierda legalidad”, dijo.

El congresista Pasión Dávila (BMCN) presentó un informe en minoría el cual será debatido en una próxima sesión plenaria. Del mismo modo fue rechazada una cuestión previa plantea por el congresista Edgar Reymundo Mercado (CD-JPP) quien propuso que se vote por separado las recomendaciones referidas a las acusaciones constitucionales

CASO SARRATEA

Como resultado de las investigaciones realizadas en torno al Caso Sarratea, la Comisión de Fiscalización recomienda a la Comisión Permanente del Congreso de la República que formule acusación constitucional ante el Pleno del Congreso contra el presidente de la República Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

Así también recomienda a la Comisión Permanente del Congreso de la República que formule acusación constitucional ante el Pleno del Congreso contra el ex ministro, Juan Manuel Carrasco Millones, por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

El acuerdo también contempla remitir el informe a la Fiscalía de la Nación a efectos de que inicie las investigaciones que correspondan contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, y los que resulten responsables, en mérito a los indicios razonables recogidos en el informe, por comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido en el cargo y enriquecimiento ilícito.

Una de las conclusiones a la que llego la Comisión de Fiscalización que ha quedado corroborado que el presidente Pedro Castillo, en su condición de jefe de Estado, ha mantenido reuniones fuera del domicilio legal del despacho presidencial, en pasaje Sarratea N°179, distrito de Breña con exministros de Estado, congresistas de la República, funcionarios y empresarios con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública, en el contexto de una organización criminal.

También concluye que Castillo Terrones, ha transgredido, en el ejercicio de sus funciones, la ley N°28024, que reglamenta y sanciona la gestión de intereses en la administración pública, y su reglamento, el cual indica que los servidores del Estado están obligados a mantener actualizado y accesible el registro de visitas y además regula la prohibición de los funcionarios públicos de atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional.

PUENTE TARATA III

De igual manera, tras las investigaciones en torno al caso Puente Tarata II la Comisión de Fiscalización propone a la Comisión Permanente del Congreso de la República formule acusación constitucional ante el Pleno del Congreso contra el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificados en el Código Penal.

Se recomienda lo mismo para el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas.

La comisión propone denuncia constitucional ante el Pleno del Congreso contra el presidente de la República por contravenir el artículo 93, 97 y 118 de la Constitución Política.

Así también propone que se remita el informe a la Fiscalía de la Nación a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente contra el mandatario de la Nación, Pedro Castillo, en mérito a los indicios razonables por comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, negociación Incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

En las conclusiones el informe señala que está corroborado que, desde el 28 de julio 2021, fecha en que el asumió el gobierno del Perú José Pedro Castillo Terrones como presidente de la República lidera una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares que estaría enquistado en el Poder Ejecutivo y que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, valiéndose  de información privilegiada en materia de contrataciones designación de funcionarios y otras facultades, habría cometido delito de colusión condicionando el otorgamiento de contrataciones a favor de determinados postores a cambio de beneficios de índole económico.

Esta organización criminal se encontraría vigente y por tanto su actual existencia y funcionamiento delictivo hace peligrar el debido esclarecimiento de los hechos.

Así también, está corroborado que en el contexto de los fines delictivos de la organización criminal Pedro Castillo con Bruno Pacheco, Juan Francisco Silva, Fray Vásquez, Zamir Villaverde y Karelim López estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de diversas empresas. Hubo entre ellos una distribución de roles conjuntamente con otros funcionarios, personas naturales y personas jurídicas

Además, señala que está comprobado que la empresa TAPUSA, integrante del consorcio Puente Tarata, entregó sumas de dinero al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, por intermedio de Zamir Villaverde.

OFICINA DE COMUNICACIONES