La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, presidida por el congresista Juan Burgos Oliveros (PP), aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 09448/2024-CR, que promueve la lucha contra la corrupción mediante la regulación del levantamiento del velo societario.

Esta iniciativa tiene por objeto regular dicha figura jurídica en sociedades o grupos empresariales, a fin de atribuir responsabilidad directa a personas naturales que utilizan la personalidad jurídica de forma indebida. Se busca, así, evitar su uso como mecanismo para cometer actos de corrupción, eludir responsabilidades legales o causar perjuicio a terceros o al interés público.

Según el texto sustitutorio incorpora el artículo 6-A en la Ley 26887, Ley General de Sociedades, estableciendo que el levantamiento del velo societario será una medida judicial excepcional. Su aplicación deberá estar debidamente motivada, sustentada en pruebas suficientes, y permitirá desestimar la autonomía patrimonial de una sociedad cuando esta haya sido utilizada de manera fraudulenta, ilícita o abusiva.

Asimismo, se precisa que dicha medida no alcanzará a socios o accionistas pasivos que no hayan ejercido control efectivo ni participado en los actos cuestionados, ni a personas naturales o jurídicas que hayan actuado de buena fe o hayan estado ajenas a la gestión directa de la sociedad.

TRANSPARENCIA

De igual modo, la comisión aprobó, por unanimidad, el dictamen que recomienda insistir en la autógrafa del Proyecto de Ley 0450/2022-CR que establece la obligatoriedad de la publicación de los contratos suscritos por el Estado.

El grupo de trabajo sostiene que la derogación del numeral 45.6 del Decreto Legislativo 1362 observada por el Poder Ejecutivo no vulnera derechos constitucionales ni desincentiva la participación del sector privado. Por el contrario, refuerza los principios de transparencia, control ciudadano y lucha contra la corrupción.

Respecto a una posible colisión con otros sistemas existentes, como el SEACE, el Registro Nacional de Contratos APP o la Ley 31599, la comisión sostiene que estos no garantizan un acceso integral, organizado ni oportuno a la información contractual. Por ello, se justifica la insistencia en el texto original.

Durante el debate, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) subrayó que los intereses de la población deben estar por encima de cualquier reserva injustificada, en especial cuando se trata de obras públicas.

“Muchas obras se ejecutan bajo la modalidad de gobierno a gobierno, y en esos casos no podemos acceder a los contratos ni convenios por cláusulas de confidencialidad. Es fundamental avanzar hacia una mayor transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace con sus recursos y presupuestos”, afirmó.

Por su parte, el congresista Burgos Oliveros recalcó que esta insistencia es fundamental. “Necesitamos saber en qué gasta el Estado los recursos de todos los peruanos. Por eso, esta medida es vital para garantizar la transparencia de los contratos en los que el Estado está involucrado”, manifestó.

Finalmente, la comisión aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10320/2024-PE, que modifica la Ley 27482, sobre la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, así como la Ley 29709, que regula la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Esta medida busca fortalecer la transparencia e integridad en el sector público y prevenir actos de corrupción.

OFICINA DE CAMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL