La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó, por unanimidad, el texto sustitutorio que deroga la Ley 32064, referida a la carrera del auditor gubernamental.

Según los argumentos del dictamen recaído en los proyectos de ley 9075/2024-CR, 9116/2024-CR, 9407/2024-CR y 10429/2024-CR, la referida norma vulneraría los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución Política del Perú, transgrediéndose el principio de igualdad y oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral, y afecta a las normas de acceso a la función pública, entre otros.

El texto sustitutorio aprobado sostiene que la modificación normativa no implicará gasto alguno al Estado ni afectará la disponibilidad de recursos públicos, en cumplimiento con la Constitución Política del Estado y el Reglamento del Congreso de la República.

POSICIÓN DE LOS CONGRESISTAS

El congresista Héctor Acuña Peralta (HyD) expresó su preocupación por el futuro de la Contraloría, señalando que, a la fecha, no está funcionando de manera adecuada. Dijo que hay diversas dificultades y problemas, especialmente en el área de control concurrente y en la elaboración de los informes, lo cual podría estar relacionado con deficiencias en la propia organización.

“Nosotros siempre hemos buscado fortalecer las instituciones, que realmente cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas. En este caso, eliminarla de manera tan simple, sin ofrecer una alternativa para hacerla más eficiente, pone en riesgo su función de salvaguardar los recursos del Estado”, enfatizó.

Por su parte, el congresista César Revilla Villanueva (FP) señaló que la viabilidad económica de este proyecto no fue considerada al momento de elaborar la norma ni en la ley aprobada, lo que genera su inaplicabilidad. Afirmó que, en este momento, se requiere con urgencia aprobar la derogación.

El congresista Juan Burgos Oliveros (PP) también se mostró a favor de la derogación subrayando que se han identificado falencias de inconstitucionalidad tras estudios realizados, incluyendo al Colegio de Abogados.

La congresista Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN) reiteró que la Ley 32064 fue inapropiada desde su creación, señalando que ha favorecido a un grupo específico de auditores.

«El control concurrente no está funcionando. Hemos observado casos en Huánuco donde los informes de auditoría son débiles y no se interviene adecuadamente desde el expediente técnico de las obras», comentó.

Medina enfatizó que el control preventivo debería iniciarse desde la fase de ejecución del expediente técnico y no cuando las obras ya están terminadas, como ocurre en la actualidad.

El congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) también subrayó la necesidad de derogar la ley, advirtiendo que el sistema actual está generando costos innecesarios sin obtener resultados concretos.

«Si la ley hubiese sido implementada correctamente desde el principio, los problemas de las obras públicas no estarían surgiendo tan tarde», indicó.

El titular del grupo de trabajo señaló que desde la comisión continuará con su labor de revisar y ajustar la legislación vigente para garantizar la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

PADRES DE FAMILIA

Seguidamente, la Comisión de Fiscalización y Contraloría recibió a Edgard Trejo Cuentas, presidente del Consejo directivo nacional de la coordinación nacional de padres de familias y Apafas del Perú, quien informó sobre el número total de las instituciones educativas en todos los niveles de la educación básica a nivel nacional, el estado de las edificaciones, tipo de infraestructura y equipamiento.

Además, sobre la cantidad de instituciones educativas en alto riesgo especificando el lugar donde se ubican, en otros puntos de interés.

De igual manera, se presentó Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de EsSalud.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL