La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó este lunes, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 12687/2025-CR, iniciativa que busca fortalecer la transparencia en la gestión pública mediante el ingreso y uso de dispositivos electrónicos en las entidades del Estado. Bajo la conducción de la secretaria de la comisión, la congresista Ariana Orué (bancada PP), el grupo de trabajo respaldó la propuesta con 7 votos a favor y 3 abstenciones.

Vale indicar que la iniciativa plantea que todo ciudadano pueda ingresar a instituciones públicas con equipos como teléfonos móviles, cámaras o grabadoras para documentar reuniones, audiencias y otros actos de gestión pública, siempre que no exista una prohibición expresa establecida por ley.

Además, el texto dispone que las entidades públicas y sus funcionarios registren en actas, videos o grabaciones las reuniones agendadas, así como las peticiones formales presentadas por ciudadanos u organizaciones sociales, incorporando ese material al acervo documental institucional con carácter de documento público.

El dictamen también delimita excepciones. En ese sentido, excluye de su aplicación a las áreas protegidas por normas de seguridad nacional, defensa, investigación fiscal o judicial, así como a los espacios vinculados con información clasificada o legalmente reservada. Sin embargo, la propuesta prohíbe que funcionarios o servidores públicos impongan restricciones arbitrarias al uso de dispositivos electrónicos en actos públicos de gestión gubernamental, pues considera esa conducta como una afectación al derecho de acceso a la información y a la transparencia estatal.

Asimismo, el proyecto establece consecuencias concretas para quienes incumplan la norma. Entre ellas figuran el procedimiento administrativo sancionador por falta grave, la suspensión o eventual destitución, además de la posibilidad de una denuncia penal por abuso de autoridad y otras responsabilidades administrativas o civiles previstas en la legislación vigente.

CONTINUIDAD DE PROYECTOS EN EMERGENCIAS

Durante la misma sesión, la comisión también aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 09862/2024-CR, orientado a garantizar la continuidad en la evaluación, financiamiento y ejecución de proyectos de inversión, IOARR y actividades presentadas dentro de declaratorias de emergencia o por riesgo inminente. La propuesta recibió 11 votos a favor.

El dictamen parte de una preocupación concreta: los plazos establecidos en las declaratorias de emergencia suelen resultar insuficientes para culminar intervenciones destinadas a prevenir o mitigar daños causados por desastres naturales. En consecuencia, la comisión impulsó una fórmula legal que busca evitar que proyectos esenciales queden paralizados una vez vencida la vigencia del decreto supremo que declaró la emergencia.

Según el resumen expuesto durante la sesión, el Perú enfrenta una alta vulnerabilidad frente a inundaciones, huaicos, sismos y sequías, por lo que requiere un sistema más eficaz y sostenido de respuesta pública.

INVERSIONES PÚBLICAS

De igual modo, el grupo de trabajo aprobó, por mayoría, el dictamen del Proyecto de Ley N.° 08986/2024-CR, que propone la ley que promueve la continuidad de las inversiones públicas en los gobiernos regionales y locales a nivel nacional. La propuesta obtuvo 5 votos a favor y 4 abstenciones.

La iniciativa establece que las nuevas autoridades regionales y municipales deberán priorizar la continuidad de proyectos de inversión pública ejecutados por administración directa que hayan sido iniciados por la gestión anterior, siempre que registren avance físico en años previos. Con esta medida, la comisión busca evitar que las transiciones políticas frenen obras en marcha, generen pérdida de recursos o frustren la finalidad pública de proyectos ya encaminados.

A la par, el documento contempla excepciones sustentadas en razones técnicas o legales, y dispone que el Gobierno priorice recursos para culminar inversiones en ejecución antes de financiar nuevas intervenciones.

DECLARACIÓN JURADA INTEGRAL

En otro momento de la jornada, la comisión aprobó, por unanimidad, el dictamen de adhesión recaído en el Proyecto de Ley N.° 4850/2022-CR, “Ley que regula la presentación de la declaración jurada integral de ingresos, bienes, rentas e intereses”. La propuesta alcanzó 11 votos a favor y refuerza la obligación de transparentar la situación patrimonial, financiera y de intereses de funcionarios, servidores públicos y otros sujetos vinculados al manejo de recursos estatales.

La propuesta amplía el alcance de la declaración jurada integral y encarga a la Contraloría General de la República competencias para recibir, procesar, publicar, fiscalizar, archivar y sancionar lo relativo a esta información. Del mismo modo, incorpora un carácter preventivo para determinados postulantes y candidatos a cargos públicos, con el fin de transparentar posibles conflictos de interés antes de asumir funciones. Así, la comisión alineó su posición con un enfoque más riguroso de control patrimonial y vigilancia ciudadana.

INFORME SOBRE OBRA EN HUARAZ

Además del debate legislativo, la sesión incluyó la participación del alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, David Manuel Rosales Tinoco, quien fue citado ha pedido de los congresistas Jorge Flores Ancachi y Elías Varas Meléndez, para informar sobre las acciones adoptadas frente a las observaciones formuladas por la Contraloría en torno a la obra de reconstrucción del tramo 1-1690 de la avenida Agustín Gamarra, en Áncash.

En el curso de su exposición, se abordaron las observaciones contenidas en el Informe de Hito de Control N.° 012-2025-OCI/0337-SCC, que advirtió incongruencias en el sistema de drenaje pluvial, información incompleta en el expediente técnico, deficiencias en el plan de mantenimiento y seguridad vial y la ausencia del estudio de compatibilidad de servicios.

Frente a ello, la municipalidad informó que ejecutó acciones correctivas, entre ellas la ampliación del número de calicatas para evaluar las condiciones del terreno. Según el descargo presentado, “la situación adversa N.° 1 se da por corregida y subsanada”, luego de que la comuna concluyera la obra sin evidenciar colapso del sistema de drenaje pluvial.

Con estas decisiones, la Comisión de Fiscalización colocó en agenda una línea de trabajo centrada en el control político, la continuidad de la inversión pública y el fortalecimiento de mecanismos de transparencia.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL