La vía troncal interconectora de varios distritos de Arequipa, que estuvo presupuestadas inicialmente en 67 millones de soles, terminó costando aproximadamente 450 millones, sin haber concluido las obras, por lo cual el costo podría llegar a más de mil millones de soles.
Así concluyó, entre otros aspectos, el informe final del Caso Arequipa elaborado por la Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Gustavo Rondón Fudinaga (SN).
El documento de cerca de 200 páginas fue aprobado en la sesión de la comisión del miércoles 11, con la abstención del congresista Heriberto Benitez (NoA).
El titular del grupo parlamentario dio lectura al informe y narró la serie delitos cometidos por exfuncionarios del Gobierno Regional de Arequipa en el período 2007-2014, entre ellos malversación de fondos, asociación ilícita para delinquir, omisión de actos funcionales, peculado doloso, omisión de denuncia, patrocinio ilegal y colusión.
Rondón Fudinaga dijo que las obras de la vía troncal que debía unir los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado, se subvaluaban para apartar a los posisbles competidores y una vez que se contrataba a la empresa se direccionaba el proceso y se incrementaban progresivamente los costos de su ejecución.
El informe recomienda remitir la investigación al Ministerio Público para que actúe de acuerdo a su competencia y que los casos fiscales sobre presuntos actos de corrupción del Gobierno Regional de Arequipa, que son investigados en esa jurisdicción, sean trasladados a Lima para un mejor procedimiento.
De igual manera, hace recomendaciones a la Contraloría General de la República, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, al Ministerio de Economía y Finanzas y al actual gobierno regional de Arequipa para que prioricen el caso y continúen con las investigaciones.

Al Congreso de la República le recomienda que priorice en su agenda el debate del proyecto que plantea la regulación de las llamadas Obras por Administración Directa, ya que por esa modalidad se habrían producido los mayores actos de corrupción en perjuicio del Estado.
Parlamentarios de diferentes bancadas coincidieron en lamentar la incidencia de actos de corrupción en los gobiernos locales y que no haya autoridades sentenciadas.
Los congresistas Yehude Simon (PP), Marco Falconí (UR), Héctor Becerril (FP) y Alejandro Aguinaga (FP) demandaron el establecimiento de responsabilidades con celeridad y que los hallados culpables sean castigados.
Becerril Rodríguez invocó voluntad política para cambiar la estructura de la justicia en el país para que las denuncias “no caigan en saco roto”.

PAÑALES

De otro lado, la comisión que encabeza Rondón Fudinaga escuchó el alegato final de la congresista Carmen Omonte (PP),exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sobre su participación en el caso de la adquisición de pañales por un monto de 50 millones de soles.

Durante su exposición Omonte Durand expresó sus dudas de que el millón 316 mil 434 pañales, que supuestamente se habría perdido, no habría entrado al ministerio a su cargo. “Sin embargo, si se demostrara lo contrario habría que sancionar a los responsables de esa desaparición”, anotó.
Omonte Durand fue enfática al señalar que ha quedado establecido que ella no tuvo participación en el proceso de adquisición de los pañales, por cuanto el origen de la asignación de los 50 millones de soles al Ministerio de la Mujer y todo el proceso de licitación pública para la compra de los ocho millones 40 mil pañales se produjeron con anterioridad a su gestión. Asimismo, afirmó que no hizo ninguna compra durante el tiempo que estuvo en esa cartera.
Omonte indicó que, cuando asumió el cargo, no fue informada en el tema de almacenes, de bienes adquiridos para apoyo social y de pañales, que pudieran darle indicios de la existencia de algún problema.
Señaló que por esa razón se encontró con el caso de los pañales y dos complicaciones: su almacenaje y distribución que le dejó la gestión de su antecesora, Ana Jara.
“Esto en razón a que la cantidad era desproporcionada y que no se contaba con un cuadro de necesidades ni plan de distribución”, anotó.
La parlamentaria refirió que no había condiciones de almacenamiento, por lo que los pañales se encontraban arrumados en unos depósitos y hubo necesidad de solucionar el impase buscando un almacén que no implicara mayor inversión.

Dijo que durante su gestión se distribuyeron dos millones 148 mil 393 pañales, más del uno por ciento que las autoridades que hicieron la compra, y descartó haber incurrido en algún tipo de delito, por lo que pidió su exclusión del caso.

PRENSA CONGRESO

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