La Comisión de Fiscalización y Contraloría recomendó la necesidad de hacer modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento relacionado al capítulo del fideicomiso otorgándole un carácter obligatorio en los contratos de ejecución de obras públicas.

Así lo establece el informe final, aprobado por mayoría -con 10 votos a favor, y 4 abstenciones- referido a la investigación de las razones por las cuales se ha paralizado la construcción de 3 314 obras, entre las que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional.

Al sustentar dicho informe en la sesión del miércoles 14, el presidente de la comisión, congresista Héctor Ventura Ángel (FP), sostuvo que se ha determinado que, del año 2019 a la fecha, las obras paralizadas a nivel nacional se han incrementado tanto en número como en monto de inversión.

“De 867 obras paralizadas -con un monto de inversión de 16 870 millones 855 767 soles- a julio del presente año, con 2 346 obras paralizadas, ascendente a un monto de inversión de 29 073 millones 207 833 soles”, añadió.

Dijo que las obras de nivel nacional representan el 14.6 %, a nivel regional representan el 11.9 % de inversiones; mientras que a nivel local representan el 73.5 %.

Asimismo, detalló que a nivel de gobiernos regionales se tiene que La Libertad tiene una inversión paralizada de S/ 4’684,123,176 (por 83 obras); Arequipa tiene S/ 3’111,562,198 (por 93 obras); Cusco tiene S/ 2’782,633,525 (por 412 obras); Lima tiene S/ 2’635,247,329 (por 157 obras) y Piura tiene S/ 2’193,020,765 (por 138 obras).

Respecto a la modificación legal propuesta, el parlamentario señaló que aseguraría los flujos de dinero durante toda la obra dando confianza a la entidad pública y al contratista de que la obra se ejecutará sin riesgos por mala administración de estos fondos.

“Ello generaría que el contratista no requiera constituir garantías líquidas ni hipotecarias (emitir cartas fianzas o pólizas de caución) al momento de suscribir el contrato o solicitar el adelanto de obra. En vista que el fideicomiso permite conservar la capacidad de endeudamiento y acceso al financiamiento”, subrayó el legislador.

CORRUPCIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

La comisión continuó la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, liderada por el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

Asistió el testigo Luis Guillermo Ruiz Rojas, ex asesor de ese portafolio, quien descartó haber tenido acceso a los servidores de ministerio para filtrar o borrar correos relacionada con el exministro del sector, Geiner Alvarado.

Explicó que un ciudadano solicitó copias de los correos electrónicos del exministro y lo hace a través de la Ley de Acceso a Información y Transparencia y como asesor de la secretaria general se le entrega un USB para que revise que no exista información que no deba ser entregada al ciudadano.

“Es ahí donde yo advierto y digo que no es el procedimiento adecuado porque hay que solicitarle autorización al titular de los correos, así lo señala la norma”, dijo el ex funcionario al tiempo de precisar que enseguida el secretario general le pide al ministro que dé su autorización, la misma que fue negada.

“El no da su autorización y el responsable de transparencia comunica al usuario que el señor no da su autorización para que pueda recurrir a otras instancias, así lo señala la norma”, agregó.
En la sesión también participó, a través de la plataforma virtual, en calidad de investigada Susy Janeth Díaz Huamán, quien es amiga de Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo Terrones.

Dijo que participó en una reunión publica en la que estuvieron congregados la población de Chadín en la región Cajamarca, el alcalde de esa jurisdicción, Yenifer Paredes y Hugo Espino Lucana, gerente general de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C, oportunidad en la que fueron informados de un registro poblacional a fin de conocer el número de beneficiarios de un proyecto y su participación fue llenar un libro de actas con la información levantada.

“Era un trabajo de campo que era parte de un expediente técnico” dijo Díaz Huamán al tiempo de precisar que fue convocada por Yenifer Paredes “para apoyar en la empresa del señor Espino con el llenado de las actas”.

Al ser consultada por el congresista Ventura sobre cuál fue la participación de Yenifer Paredes en Chadín respondió que “ella se presenta como una trabajadora del señor Espino y explica que llenar las actas es parte del expediente técnico. Debe presentarse el titular de la vivienda con su DNI para que llene el acta”, concluyó Díaz.

REPROGRAMACIONES

Ante su inasistencia y el pedido de reprogramación a través de su abogado, se citará para un nuevo día y fecha al investigado Geiner Alvarado López, ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“Dicha citación de conformidad con el artículo 97 de la Constitución y el literal d) del artículo 88 del Reglamento del Congreso, se hará bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública”, anotó Ventura.

La misma medida se tomará con el testigo Walter Fidel Escajadillo Chimaco, director de la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en una próxima sesión.

Cabe indicar que la investigada Elizabeth Milagros Añaños Vega, ex viceministra de Vivienda y Urbanismo, no se presentó a la sesión. Sin embargo, Ventura señaló que, por comunicación telefónica, informó que se encuentra fuera del país y mostro su disposición a participar a efectos de que se pueda esclarecer todos los actos que son materia de investigación.

OFICINA DE COMUNICACIONES