Este lunes, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, conducida por la vicepresidenta Ariana Orué (PP), aprobó por unanimidad —con 12 votos a favor— invitar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, a participar en la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre de 2025 en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad.

Entre los informes previstos figuran el análisis del estado situacional del proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera en la provincia de Sánchez Carrión, así como el del tramo Santiago de Chuco-Mollepata, que conecta distritos de la sierra de La Libertad con la región de Áncash. Estos análisis buscan avanzar en la fiscalización de obras de infraestructura y asegurar que los recursos públicos se destinen adecuadamente.

SUSTENTACIÓN

Durante la misma sesión, la comisión escuchó la sustentación del Proyecto de Ley N.° 07746/2023‑CR – promovido por el congresista Alex Paredes Gonzales (SP)–, que plantea modificar la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de crear el instituto de Arrendamiento Financiero (IAF) como modalidad de adquisición de bienes en proyectos de inversión pública.

El autor de la iniciativa expuso que dicho mecanismo responde a la necesidad de flexibilizar los procesos de contratación estatal, respetando los principios de eficiencia, transparencia e igualdad.

Asimismo, la comisión recibió el proyecto de ley Proyecto de Ley N.° 09862/2024‑CR – promovido por la congresista Karol Paredes Fonseca (AP) – que garantizaría la continuidad en la evaluación, financiamiento y ejecución de proyectos de inversión, IOARR o actividades declaradas en emergencia o por riesgo inminente.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

Adicionalmente, la comisión abordó la propuesta de modificación del reglamento interno para agilizar las convocatorias a ministros cuando concurran circunstancias de urgencia. Si bien seis miembros votaron a favor, uno se abstuvo y tres rechazaron la propuesta, lo que impidió su aprobación dado que no alcanzó el quorum exigido en ese momento.

INVITACIONES

Asimismo, la comisión rechazó la ausencia del alcalde del distrito de Punta Hermosa, Carlos Guillermo Fernández Otero, quien debía asistir para informar sobre seguridad, ordenamiento territorial y prevención de riesgos.

El congresista Guido Bellido (PP) expresó su malestar al conocerse que sería la segunda vez que el alcalde no asiste. “Es realmente sorprendente. Quisiera apelar a que la comisión utilice todos los mecanismos a su disposición para lograr la presencia del señor alcalde y, adicionalmente, considero importante escuchar también a los dirigentes”, señaló.

Por su parte, dirigentes de la zona afirmaron que carecen de servicios básicos y acusaron al alcalde de oponerse a la electrificación en Villa Navarra.

En otro momento, participó Elizabeth Zulema Tomás Gonzales, directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, quien expuso sobre el número de casos pediátricos reportados y su estado actual, además de detallar los protocolos de atención, tratamiento y notificación implementados por el Ministerio de Salud. Asimismo, informó si se registraron nuevos casos posteriores a la alerta.

Por su parte, Delia Florencia Dávila Gil, directora general de Digemin, explicó los protocolos de control de acceso a medicamentos y los posibles incumplimientos vinculados al caso Edetoxin. También presentó las acciones inmediatas y preventivas adoptadas, las medidas sancionadoras en curso y las propuestas de mejora normativa para evitar situaciones similares.

Asimismo, Javier Iván Henostroza Cáceres, director general del Cenares, brindó detalles sobre el proceso de adquisición y control sanitario del medicamento cuestionado, identificó a las empresas proveedoras involucradas y precisó las acciones correctivas y preventivas adoptadas por su institución, así como las propuestas de trazabilidad para reforzar la seguridad en la cadena de suministro.

PEDIDOS

En otro momento, la congresista no agrupada Margot Palacios Huamán solicitó a la comisión citar al presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, a fin de que explique su presunta participación en una negociación para liberar a un expolicía condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado. Asimismo, pidió convocar al Ministerio de Justicia, entidad de la cual depende el INPE, para que informe sobre el caso.

Además, la parlamentaria anunció que formalizará un pedido dirigido al oficial mayor del Congreso y al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, con el propósito de que expliquen cómo se autorizó el uso de equipos de la cámara de video en un mitin organizado por el partido Fuerza Popular.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL