Con la presencia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside Elvis Vergara Mendoza (bancada AP), analizó las acciones adoptadas por esta entidad ante el presunto uso inadecuado de los recursos públicos destinados a la franja electoral, por parte de varios partidos políticos.

Elvis Vergara Mendoza sostuvo que ante dicho probable mal uso, que involucra el hecho de que existan medios que ofrecerían porcentajes del financiamiento a los partidos políticos para que les deriven su parte de franja, y que será materia de investigaciones futuras y probables sanciones, “la prevención va a ser posible con la reformulación de las normas sobre esos puntos”.

Al respecto, solicitó al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, trabajar en conjunto, porque sería muy importante ofrecer como legado una nueva normativa sobre el financiamiento de la propaganda electoral, puesto que en el presente año habrá otro proceso electoral.

Piero Corvetto Salinas fue invitado ante este grupo de trabajo para informar sobre las acciones adoptadas por su entidad, ante el presunto uso inadecuado de los recursos públicos destinados a la franja electoral, por parte de varios partidos políticos; y los recursos destinados al partido Ciudadanos por el Perú a pesar de su retiro de las elecciones 2026.

Corvetto Salinas señaló que la franja electoral es un instrumento que permite que las organizaciones políticas en competencia puedan tener acceso a radio, televisión y redes sociales. Se trata, dijo, de 80 millones de soles que el Estado ha destinado para dicho efecto.

Para poner en operación este instrumento, informó que se contó con una campaña de sensibilización que se inició en el mes de noviembre del 2025, para que dichas organizaciones conozcan sus derechos, sus deberes, y cómo va a funcionar la misma.

En diciembre último, continuó, su entidad efectuó una invitación para que los medios se registren, se capacitó a las organizaciones políticas, se acreditó a los representantes de cada una de ellas, “para saber quién de cada organización política nos va a entregar su spot”.

Luego, se evaluó y levantó observaciones, y a partir de allí “ONPE no impone un medio, no elige un medio, lo hace el partido a partir del plan y la estrategia política que el partido haga”.

De este modo, manifestó, en la primera quincena de enero del presente año los partidos políticos han podido elegir a sus medios de comunicación e inmediatamente se emitió una resolución general donde se aprueba el plan de medios general.

Sobre el presunto uso indebido de la franja electoral, la congresista Ariana Orué Medina (bancada PP), quiso saber por qué los controles de la ONPE no detectaron los contratos derivados a medios específicos que hoy están bajo sospecha, y pidió detallar cuántas auditorías o verificaciones de campo realizó la entidad sobre la ejecución de la franja antes de que el Ministerio Público interviniese.

Corvetto insistió en que no se ha desembolsado un solo sol a ningún medio de comunicación. “Cuando tengamos los informes del monitoreo del cumplimiento de la labor de cada uno de los medios, recién se procederá al pago de los servicios prestados”, expuso.

Sin embargo, aceptó que han surgido denuncias puntuales sobre partidos acusados de direccionar la franja en favor de determinado medio de comunicación. En esos casos, precisó, ONPE garantiza el buen uso de los recursos públicos, en la medida de que hay partidos de que renunciado al uso y medios que se han retirado.

En otro punto de agenda, el defensor del Pueblo, José Gutiérrez Cóndor, respecto a la vulneración de los derechos de participación electoral de una organización política, declaró que la tutela del ejercicio de un derecho corresponde a quien ha sido vulnerado; no obstante, instituciones como la suya, que es de derechos humanos, participa activamente en el acompañamiento”.

“No por el nombre del partido, incidió, o por el nombre de la persona, sino por el derecho en sí, que es intrínseco a todos los ciudadanos, y que hay que cautelar”.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL