La Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó solicitar al Pleno del Congreso ampliar el plazo de investigación por 30 días hábiles sobre los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía y Chadín.

Además, los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del Decreto de Urgencia N.° 102-2022, y otros que resulten involucrados; en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, liderada por el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones.

El congresista Héctor Ventura Ángel (FP), presidente de ese grupo de trabajo, sustentó el pedido argumentando que las frecuentes reprogramaciones por testigos e investigados han retrasado el trabajo de la investigación.

“Tenemos aún pendiente recabar los testimonios de por lo menos 11 personas entre testigos o investigados, por eso es necesario ampliar el plazo por 30 días hábiles más”, manifestó.
Agregó que hasta, la fecha, el grupo de trabajo investigador que preside ha realizado 14 sesiones entre ordinarias y extraordinarias; además, se han tomado 33 testimoniales incluido a ocho investigados.

En ese sentido aún está pendiente tomar declaraciones de 11 personas, entre ellos: el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones; Víctor Raúl Culqui Puerta, exalcalde de Chachapoyas; y César Castillo Cabrera, exalcalde de Chadin.

También, los empresarios Abel Cabrera Fernández, José Cabrera Fernández, Anggi Espino Lucana, Anani Hernán Aguilar Loconi, y los hermanos Walter Paredes Navarro, David Alfonso Paredes Navarro y Yenifer Paredes Navarro.

Ventura Ángel manifestó que el pedido será sustentado ante el Pleno del Congreso.

“El plazo adicional solicitado coadyuvará a determinar la responsabilidad política y jurídica de los investigados, permitiendo una vez más concluir con las investigaciones”, dijo.

OFICINA DE COMUNICACIONES