En sesión extraordinaria, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el legislador Juan Burgos Oliveros (PP), abordó este jueves 26 el caso de las denuncias periodísticas que afectan la imagen del Parlamento Nacional por presunta inconducta funcional en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Por casi cuatro horas, los integrantes de este grupo de trabajo realizaron diversas interrogantes al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, Jorge Torres Saravia, referidas a cómo fue su designación para ese importante cargo, su relación con algunas extrabajadoras, las presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias, permisos y vacaciones, entre otros temas.

Durante su presentación, Torres Saravia, quien estuvo acompañado de su abogado Benji Espinoza, negó rotundamente los cargos que se le imputan en los medios de comunicación y desestimó presión por parte de algún congresista o funcionario para la contratación de servidoras.

Además, reconoció haber recomendado, durante su primera gestión en ese cargo, la contratación de algunas personas, pero que estas cumplían con el perfil requerido. “Todos eran especialistas en derecho penal, administrativo, etc.”, señaló.

En su intervención, el congresista Arturo Alegría García (FP) manifestó que en el Parlamento existen profesionales con el perfil idóneo para desempeñar funciones al más alto nivel.

En la misma línea, se pronunció el legislador Alex Paredes Gonzáles (BMCN) al señalar que no se puede mezclar a un colaborador que obra mal con trabajadores de confianza dignos y decentes que existen dentro del Congreso de la República.

A su vez, la parlamentaria Ruth Luque Ibarra (BDP) consultó al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional si él había recomendado a algunas de las extrabajadoras mencionadas en los medios de comunicación para esa área.

Por su parte, el presidente de la comisión, Juan Burgos Oliveros (PP), le preguntó a Torres Saravia quién había sugerido su contratación. Asimismo, si tenía conocimiento de las inasistencias de las extrabajadoras que se desempeñaban en la Oficina Legal y Constitucional.

La congresista Margot Palacios Huamán (No A) consultó cuál era el grado de confianza que sostenía con la persona que lo nombró al frente de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.

La parlamentaria Norma Yarrow (RP) y otros legisladores consultaron sobre una denuncia por violación sexual en contra de Jorge Torres. El aludido respondió que hubo varias diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Informó que los exámenes realizados “dieron negativo porque no hubo contacto físico. Por eso, lo archivaron tanto en la Policía Nacional como en el Ministerio Público”.

JEFA DE RECURSOS HUMANOS

La sesión también contó con la presencia de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Legislativo, Haydi Figueroa Valdez, quien se encargó de explicar el proceso de contratación del personal de confianza y servicio parlamentario del Congreso.

Sobre ello, Figueroa manifestó que «es Oficialía Mayor quien envía las autorizaciones de contratación de personal al Departamento de Recursos Humanos, lo cual está enmarcado en el artículo 26 del Reglamento Interno de Trabajo del Poder Legislativo».

Respecto a las licencias por descanso médico, Figueroa «informó que el responsable es la jefatura inmediata, quien toma conocimiento de estas». Además, explicó que «los certificados emitidos por instituciones privadas son visados por el médico ocupacional del Parlamento».

OFICIAL MAYOR

Por casi dos horas, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, informó sobre las acciones inmediatas que su oficina efectuó una vez conocidos los hechos que se suscitaron en torno a la Oficina Legal y Constitucional y a la persona de quien fuera su titular, Jorge Torres Saravia.

Declaró que el 21 de agosto del 2023 con resolución 017-2023-2024-OM-CR se designa a Torres Saravia en el cargo de confianza de jefe de la Oficina legal y Constitucional, documento que lleva su firma.

De acuerdo con su currículo, dijo, tenía el perfil que se requería para el cargo. Adicionalmente a ello, prosiguió, se contó con certificados de antecedentes penales, judiciales, policiales, registro de Servir, y con el registro de deudores morosos. “Todos esos documentos declaraban que no contaba con ningún tipo de antecedente alguno”, dijo Forno.

Como medida de control posterior a los hechos, expuso, el 13 de diciembre mediante la Resolución 058-2024-2025-OM-CR se da por concluida la jefatura de Torres Saravia en el ya conocido cargo de confianza.

De inmediato, contó el oficial mayor, el director general de Administración comunicó los hechos a la jefa de Recursos Humanos, a fin de que se evaluara el inicio de un procedimiento administrativo y sancionador correspondiente de ser el caso.

En otro momento, Forno Flórez informó que la Fiscalía ha iniciado tres investigaciones en paralelo. Una de ellas, es de la Fiscalía Especializada en Trata de Persona de Lima Centro, que ha abierto investigación contra Jorge Torres Saravia, la cual aún no hace ningún requerimiento informativo.

“Vamos a dar todas las facilidades para llegar a la verdad”, dijo el oficial mayor.

Durante la rueda de intervenciones, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Juan Burgos Oliveros (PP), preguntó cuál es el proceso formal que realiza el Parlamento para proponer una jefatura como la Oficina Legal y Constitucional. Además, quién le hizo llegar el currículo de Jorge Torres, y quién propuso el nombramiento del actual director general de administración del Parlamento, entre otras consultas de los parlamentarios.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL