La Comisión de Ética Parlamentaria, que preside Diego Bazán Calderón (Avanza País), aprobó, por mayoría, el informe final seguido contra el congresista José Arriola Tueros (No A) que recomienda una amonestación escrita pública con multa de 30 días de sus haberes de legislatura por haber vulnerado el Código de Ética y su reglamento.

Dicho informe corresponde al Expediente N. º 127-2022-2023/CEP-CR y la sanción establecida está contenida en el literal c) del artículo 14 del Código de Ética.

Previamente, el parlamentario Alex Paredes Gonzales (BMCN) planteó una cuestión previa para desestimar la denuncia y que quede en una amonestación escrita, propuesta que fue desestimada por mayoría: 4 votos a favor, 7 votos en contra y cero abstenciones.

A Arriola Tueros se le acusó de presuntamente haber recortado las remuneraciones de sus colaboradores; sin embargo, dicha acusación no fue acreditada, ya que lo que existe son declaraciones “personales” de aportes voluntarios de los mismos para realizar campañas en poblaciones vulnerables.

Lo que sí se acreditó, y de allí la conclusión final del informe, fue que el congresista vulneró el principio de honradez, puesto que obtuvo ventaja personal por acciones realizadas por sus trabajadores, y al mismo tiempo mejoró su imagen.

LECTURA DE AMONESTACIÓN

En otro momento, se dio lectura de la sanción de Amonestación Escrita Pública, en el Expediente N. º 154-2023-2024/CEP-CR, seguido contra la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País).

En dicha lectura, se le amonesta públicamente y se le multa por 650 días de legislatura por haber vulnerado diversos artículos de Código de Ética y su respectivo reglamento, y se le “invoca a mantener una conducta personal ejemplar, de transparencia, honradez, veracidad, responsabilidad e integridad en sus declaraciones y actuaciones como ciudadana y como parlamentaria”.

INFORMES DE CALIFICACIÓN

Además, el grupo de trabajo aprobó dos informes de calificación.

El primero fue el recaído en el Expediente N. º 173-2023-2024/CEP-CR, seguido contra el congresista Raúl Huamán Coronado (FP). Se le acusó de haber infringido la ética parlamentaria por apropiarse de un vehículo del cual es copropietario con el denunciante, su sobrino Raúl Huamán Peralta, pero cuando el denunciado no era congresista.

Las denuncias judiciales entre los protagonistas han continuado; sin embargo, no corresponde que esta denuncia prosiga. Por tanto, se declaró improcedente la denuncia y se recomienda su archivo. Aprobado por unanimidad (10 votos).

El segundo fue el informe seguido en el Expediente N. º 174-2023-2024/CEP-CR; seguido contra los congresistas Darwin Espinoza Vargas (AP) y Kira Alcarraz Agüero (PP). Aprobado por mayoría (8 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones).

Se les acusa de haber vulnerado el Código de Ética Parlamentaria y su reglamento, al haber contratado a personas allegadas a ellos como una forma de intercambio. Informe declaró procedente la denuncia de oficio y el inicio del procedimiento de investigación.

AUDIENCIA

A continuación debió retomarse la audiencia correspondiente al Expediente N. º 171-2023-2024/CEP-CR, seguido contra el congresista Raúl Doroteo Carbajo (AP), por presuntamente haber recortado el sueldo a una trabajadora de su despacho congresal.

La principal testigo, María Morales Gutiérrez, solicitó reprogramar su participación; y el congresista tampoco se hizo presente. La presidencia decidió reprogramará la audiencia para una nueva fecha.

DENUNCIA DE OFICIO

En el inicio de la sesión, se aprobó por mayoría (7 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones) iniciar el procedimiento de indagación preliminar contra el congresista Paul Gutiérrez Ticona (BMCN), por presunta falta ética al haber utilizado textos de la inteligencia artificial para elaborar proyectos de ley.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL