La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Yenifer Paredes, aprobó, con 18 votos a favor, invitar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, para que informe sobre la “Política General del Sector Energía y Minas”, durante la tercera sesión ordinaria de ese grupo de trabajo, prevista para el 15 de setiembre de 2026.

Durante la sesión, se planteó que la exposición del titular del sector comprenda el avance de la reglamentación de las normas vinculadas con la generación eléctrica; la política de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, incluida la Ley MAPE; así como la situación y perspectivas del suministro eléctrico y las inversiones pendientes.

Asimismo, los integrantes de la comisión solicitaron información sobre la problemática ambiental vinculada con las actividades mineras y su eventual impacto en las fuentes de agua.

DELEGACIÓN DE FACULTADES

En otro momento, con 11 votos a favor y 8 en contra, la comisión aprobó la opinión solicitada por la Comisión de Constitución, Reglamentos y Relaciones Exteriores respecto de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días calendario.

En las materias correspondientes al sector Energía y Minas, la iniciativa comprende la actualización de la normativa minera; medidas para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos; y modificaciones a la legislación relacionada con las concesiones y la generación eléctrica.

La opinión aprobada concluye que no es viable otorgar las facultades solicitadas en estas materias. Entre sus fundamentos, señala que, por su complejidad e implicancias económicas, sociales y ambientales, estas requieren un debate más amplio, con participación de los actores involucrados y en las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados y del Senado.

En materia minera, el documento plantea la necesidad de abordar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, la minería ilegal y la conflictividad socioambiental. Respecto de los hidrocarburos, propone fortalecer la producción nacional, avanzar en la masificación del gas natural y garantizar la seguridad y soberanía energética.

En cuanto al sector eléctrico, sostiene que la transición hacia energías renovables, la ampliación de la infraestructura y la seguridad del suministro requieren planificación e inversiones de largo plazo.

POSICIONES DURANTE EL DEBATE

Durante el debate, el diputado Frank Krklec Torres (Renovación Popular) cuestionó la opinión consultiva al considerar que su análisis no habría tomado en cuenta de manera integral la exposición de motivos de la propuesta del Ejecutivo.

Indicó que dicho documento sí contempla aspectos relacionados con la Ley MAPE, la simplificación de la formalización minera, la trazabilidad y la asistencia técnica. Asimismo, sostuvo que propone modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y medidas relacionadas con la seguridad y soberanía energética. En esa línea, destacó la necesidad de impulsar nuevas exploraciones para incrementar la producción nacional de hidrocarburos.

Por su parte, la diputada Haydee Celinda Poma Huamani (Juntos por el Perú) respaldó la conclusión de la opinión consultiva. Sostuvo que la solicitud de delegación no tendría la precisión necesaria y que las modificaciones en materia minera, de hidrocarburos y concesiones eléctricas requieren un análisis más amplio.

Asimismo, destacó la necesidad de considerar la conflictividad socioambiental y los derechos de las comunidades nativas y andinas. Señaló que asuntos como la Ley MAPE, la masificación del gas natural y una nueva Ley General de Minería deben ser materia del correspondiente debate bicameral.

A su turno, la diputada Rossana Herminia Alayza Maccera (Buen Gobierno) expresó el respaldo de su bancada al informe y planteó incorporar precisiones adicionales. Indicó que su grupo parlamentario considera justificadas las facultades extraordinarias en materias vinculadas con la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño.

También cuestionó el alcance de la solicitud respecto del REINFO y los hidrocarburos, y manifestó su preocupación por sus posibles implicancias en la consulta previa, las comunidades indígenas y las áreas naturales protegidas.

En una posición distinta, el diputado Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular) sostuvo que una delegación de facultades por un plazo determinado no representa un “cheque en blanco” al Poder Ejecutivo, debido a que los decretos legislativos están sujetos al control político y constitucional del Congreso.

Añadió que el Parlamento mantiene la facultad de modificar posteriormente dichas normas mediante el procedimiento legislativo ordinario, en caso de advertirse excesos o afectaciones. Asimismo, destacó la necesidad de proteger a las comunidades nativas y campesinas.

Abensur Pinasco cuestionó los fundamentos de la opinión aprobada y anunció que, junto con otros legisladores, evalúa presentar un informe en minoría.

PLAN DE TRABAJO

Finalmente, la Comisión de Energía y Minas aprobó por unanimidad su Plan de Trabajo para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, que orientará las actividades legislativas, de fiscalización y de representación de este grupo de trabajo.

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