La Comisión de Energía y Minas, que preside el congresista Víctor Cutipa Ccama (JP-VP-BM), debatió el predictamen recaído en los proyectos de ley 11912/2024-CR, 1187/2024-CR, 12727/2025-CR y 12871/2025-CR, que propone modificar el Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

El texto analizado plantea, entre otros puntos, la suspensión de los procedimientos de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, disponiendo que el Ministerio de Energía y Minas suspenda la tramitación o inicio de dichos procedimientos.

Durante la sesión, se contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Osinergmin, Senace, Ingemmet y otras entidades vinculadas al sector.

En su intervención, el congresista Roberto Sánchez Palomino (JP-VP-BM) destacó que el país atraviesa una coyuntura política compleja que exige responsabilidad y serenidad, tanto del gobierno de salida como del Congreso.

“Debemos comenzar la construcción de un nuevo consenso nacional que defina lo que será la minería del Perú en los próximos treinta años. El modelo actual ha llegado a su techo; necesitamos una minería inclusiva, sostenible y justa”, señaló.

Sánchez subrayó que la ampliación del proceso de formalización debe entenderse como un punto de partida hacia una nueva minería del siglo XXI, basada en la justicia social y el respeto a los derechos comunales.

Por su parte, el congresista Segundo Quiroz Barboza (APP) pidió al Ejecutivo precisar cuántos mineros se han formalizado en los últimos años y exhortó a que se demuestre una verdadera voluntad política para resolver el problema.

“No se podrá superar esta situación mientras el Ejecutivo no asuma con decisión la conducción del proceso de formalización”, enfatizó.

La parlamentaria Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) cuestionó la ausencia del ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, y pidió reglas claras para los más de 30 mil mineros que buscan su formalización.

“El ministerio debe asumir su rectoría y dejar de ser un mero administrador de la crisis. No se trata de prórrogas, sino de soluciones reales”, expresó.

En tanto, Eduardo Salhuana Cavides (APP) lamentó que el ministerio no haya asumido el tema con la seriedad y madurez que exige la situación.

“Queremos saber cuántos mineros se han formalizado, cuántos expedientes se han trasladado y evaluado, y qué se está haciendo frente a la comercialización ilegal del oro”, reclamó.

La congresista Auristela Obando Morgan (FP) alertó sobre la falta de actualización del acervo documentario y la lentitud en los procesos de transferencia y reconsideración de expedientes.

“Muchos mineros que cumplen con los requisitos y pagan sus derechos siguen siendo marginados. No se puede decidir arbitrariamente desde un escritorio quién queda fuera del Reinfo”, sostuvo.

Asimismo, la parlamentaria Elizabeth Medina Hermosilla (SP) defendió el derecho al trabajo de los mineros artesanales.

“Ellos se autofinancian, generan empleo y no le cuestan un sol al Estado. Seríamos irresponsables si no les damos la oportunidad de formalizarse”, dijo.

El presidente de la comisión, Víctor Cutipa Ccama, anunció que se elaborará el predictamen técnico correspondiente considerando los aportes de los congresistas y de los representantes del sector.

El parlamentario expresó su malestar por la ausencia de los titulares de los ministerios invitados, señalando que la problemática de la pequeña minería y la minería artesanal es “una cuestión social que no puede seguir siendo ignorada por el Ejecutivo”.

“Los mineros del pueblo generan empleo, producen ingresos y dinamizan las economías locales. Merecen una respuesta clara y un Estado presente”, concluyó.

INVITADOS

Por su parte, el adjunto de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Defensoría del Pueblo, José Luis Quequejana Condori, respaldó la necesidad de que el Congreso apruebe una Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), pero advirtió que una nueva ampliación del proceso de formalización solo será útil si viene acompañada de metas claras y mecanismos reales de cumplimiento.

El director (e) de la Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del ministerio del Ambiente, Héctor Daniel Benítez Castro, sostuvo que la formalización minera busca incorporar a los pequeños mineros y artesanales a la economía formal, cumpliendo normas ambientales y de sostenibilidad. Informó que actualmente existen tres normas pre publicadas que buscan fortalecer el proceso y subrayó la importancia de evaluar mecanismos e incentivos complementarios, recogiendo los aportes de entidades como la Defensoría del Pueblo.

El director de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, Guido Wilfredo Vásquez Prevate, advirtió que entre el 40 y 50 % de los expedientes que ingresan a la ANA son observados o rechazados, lo que retrasa las evaluaciones por falta de personal y recursos.

Señaló que solo cuentan con 40 especialistas para revisar hasta 40 documentos diarios, lo que impide atender la alta demanda. Consideró que una ampliación del proceso de formalización podría ser viable si se cumple la normativa ambiental, pero rechazó plazos excesivos de cuatro o cinco años, por los riesgos que implican para el agua, el suelo y el aire.

El gerente de Supervisión Minera, Henry Giovani Anfossi Portugal, explicó que la función de su entidad es fiscalizar las operaciones mineras para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales y de seguridad, pero no participa en los procesos de autorización.

Respaldó la necesidad de una Ley MAPE que permita ordenar y formalizar adecuadamente la actividad, pero advirtió que el proyecto debe garantizar la seguridad laboral y la protección de las personas vulnerables.

El presidente de la Central Nacional de Mineros del Perú (CENAMI), Víctor Raúl Chanduvi Chávez, denunció que el actual proceso de formalización es en realidad un mecanismo de exclusión, originado por los decretos legislativos 1100 y 1105 emitidos en 2011, que impiden a los pequeños mineros formalizarse al exigir contratos de cesión o explotación que las grandes empresas se niegan a firmar.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL