En sesión extraordinaria, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, presidida por el parlamentario Segundo Montalvo Cubas (PL), recibió a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Leslie Urteaga Peña, para que rinda cuentas sobre los casos de intoxicación escolar ocurridos en diversos departamentos del país.

Durante su exposición, la titular del MIDIS informó que el pasado 13 de abril, el Ejecutivo, mediante decreto supremo, aprobó la extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna y declaró en emergencia el servicio alimentario escolar, con la finalidad de frenar y prevenir nuevos casos de intoxicación masiva entre estudiantes beneficiarios.

La medida fue recibida con opiniones diversas por parte de los parlamentarios. Para el congresista Alex Paredes González (BMCN), la desaparición del programa era necesaria.

“Si hay que reconstruir el formato de entrega de alimentos a los niños, hay que hacerlo. No podemos permitir que esta situación se repita”, sentenció.

A su turno, el legislador Hamlet Echeverría Rodríguez (JP-VP) denunció un nuevo hecho de intoxicación de alumnos de la Institución Educativa Arístides Merino Merino, ubicado en la provincia de Celendín en Cajamarca.

Por su parte, la congresista Lucinda Vásquez Vela (BMCN) hizo un llamado urgente para que se mejore la logística. “Los productos no pueden llegar con un mes de vencimiento. Deben adquirirse con al menos 4 o 5 meses de anticipación. Esto es básico”, destacó.

La congresista Mery Infantes (FP) respaldó esta postura y añadió que las condiciones climáticas y de almacenamiento agravan el problema.

La sesión también contó con la presencia de representantes del Ministerio Público, quienes anunciaron acciones legales en curso.

El fiscal adjunto supremo, Mirko Dino Cano Gamero, informó que ya se inició una investigación preliminar por el presunto delito contra la salud pública, tras las intoxicaciones reportadas.

Asimismo, el fiscal superior provisional Armando Ortiz Zapata, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, aseguró que el plan estratégico contra el acoso y hostigamiento sexual en instituciones educativas está alineado con la Política Nacional Multisectorial de Niños, Niñas y Adolescentes al 2030, reforzando el compromiso del Ministerio Público con la protección de la niñez.

El presidente de la comisión, Segundo Montalvo (PL), criticó la falta de reglamentación de la Ley 32242, que modifica la Ley de Reforma Magisterial para permitir la destitución automática de personal educativo con sentencias penales.

Finalmente, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) hizo un llamado a la Fiscalía de la Nación para establecer un canal de diálogo con el Congreso que permita articular normas efectivas y en beneficio directo de la población, especialmente en lo que respecta a la protección de estudiantes.

Sustentación de Proyectos de Ley

En otro momento de la sesión, el congresista Darwin Espinoza Vargas (PP), sustentó su propuesta legislativa 8976/2024-CR, que plantea la “Ley que desarrolla e institucionaliza la actividad deportiva del fútbol en el Perú”.

Asimismo,  el Proyecto de Ley 9106/2024-CR, que promueve el establecimiento, acondicionamiento y conservación de filiales para las universidades públicas licenciadas.

Hizo lo propio el parlamentario Paul Gutiérrez Ticona, con el Proyecto de Ley 9097/2024-CR, por el que se propone la “Ley que regula la mejora de las pensiones de docentes cesantes y jubilados bajo los alcances de los decretos leyes 19990 y 20530”.

A su turno, el legislador Roberto Sánchez Palomino, expuso su propuesta 8982/2024-CR, que propone crear la Universidad Nacional de Huaral.

Por su parte, el congresista Segundo Quiroz Barboza, sustentó el Proyecto de Ley 9516/2024-CR, que plantea autorizar la designación excepcional y progresiva de docentes a cargos directivos en instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular para fortalecer la gestión educativa.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL