La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, aprobó por mayoría, con 14 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones, el dictamen favorable recaído en los proyectos de ley 5387/2022-CR, 13281/2025-CR y 14051/2025-CR por el que se propone, con texto sustitutorio, la “Ley de la educación técnico-productiva) y de los centros de educación técnico-productiva (CETPROS)”.

Esta iniciativa, que establece un marco normativo integral para la educación técnico-productiva, tiene el objetivo de fortalecer la formación de capacidades laborales, productivas y emprendedoras en la población. La propuesta regula la organización y estructura de la educación técnico-productiva, desarrollando modalidades de prestación del servicio educativo como presencial, semipresencial y otras autorizadas.

Asimismo, plantea una estructura formativa basada en ciclos formativos, módulos de competencia laboral y niveles progresivos, lo que permitirá ordenar la oferta educativa y mejorar su articulación con las demandas del mercado laboral.

«Tiene por finalidad establecer un marco normativo integral para la educación técnico-productiva para los centros de educación técnico-productiva (Cetpro), con el propósito de fortalecer una modalidad educativa que cumple un rol estratégico en la formación de capacidades técnicas laborales productivas y emprendedoras en la población», dijo Segundo Montalvo Cubas, del grupo parlamentario Perú Libre, titular del grupo de trabajo.

«Apostar por los Cetpro es apostar por la juventud, por la empleabilidad y por una economía más descentralizada, competitiva e inclusiva. Más allá de la dimensión técnica, este dictamen tiene una profunda relevancia política y social porque coloca en el centro del debate nacional una pregunta urgente: qué oportunidades ofrece el Estado a los jóvenes para estudiar, capacitarse, trabajar y construir un proyecto de vida digno para el futuro», agregó, durante el debate.

A su turno, el legislador Flavio Cruz Mamani (bancada de Perú Libre), uno de los autores del dictamen, argumentó que uno de los aspectos destacados de la iniciativa es la disposición que establece que los gobiernos regionales deberán destinar no menos del 10% de los recursos provenientes del canon y sobrecanon, minero, gasífero y de otros recursos naturales, al fortalecimiento de los Cetpro de su jurisdicción. «No discutimos una ley más. Decidimos si el Perú seguirá dándole la espalda a miles de jóvenes y adultos que quieren estudiar para trabajar, emprender y salir adelante con dignidad», explicó.

El legislador Guido Bellido Ugarte (bancada de Podemos Perú, afirmó que se ha recogido el pedido de la población, de los alumnos que son parte de esta comunidad educativa y que se trata de una gran oportunidad para todos los emprendimientos, una gran oportunidad para que la economía pueda crecer y una gran oportunidad para miles de jóvenes que no logran acceder a la educación universitaria. Por su parte, el parlamentario Germán Tacuri Valdivia (Juntos Por el Perú-Voces por el Pueblo-Bloque Magisterial) señaló que esta iniciativa es importante pues se les da la oportunidad a quienes no les alcanza para ir a un tecnológico o a una universidad. «Es darle la posibilidad de que hagan una carrera corta. Normalmente los Cetpro tienen vigencia de uno o dos años, entonces con esta ley se da una partida de nacimiento y un marco que permita funciones que al final va a ser una oportunidad», precisó, durante su intervención.

Reconsideración

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, por otra parte, mandó al archivo el dictamen favorable recaído en los proyectos de ley 132/2021-CR, 4487/2024-CR, 9065/2024-CR y 11237/2024-CR por el que se propone, con texto sustitutorio, la “ley que modifica la ley 30220, ley universitaria, respecto de la participación de las entidades promotoras en la gobernanza de las universidades privadas fundadas antes de la vigencia de la mencionada ley”. La votación fue 5 votos a favor, 0 en contra y 16 abstenciones.

Esta norma propone modificar la Ley 30220, Ley Universitaria, con el objetivo de regular la participación de las entidades promotoras en la gobernanza de las universidades privadas, especialmente aquellas asociativas sin fines de lucro creadas antes de la vigencia de dicha norma. De acuerdo al presidente de la comisión, el legislador Montalvo Cubas, la iniciativa busca corregir un vacío normativo generado desde la entrada en vigencia de la Ley Universitaria en 2014, que no contempló adecuadamente la situación de las universidades privadas asociativas sin fines de lucro creadas por norma legal con anterioridad.

El congresista Cruz Mamani presentó una reconsideración de la votación, la misma que será vista en una próxima sesión.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL