Por mayoría, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó el dictamen que recomienda insistir en la autógrafa que plantea una norma que modifica y amplía la ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, después de allanarse a algunas observaciones y rechazar otras planteadas por el Poder Ejecutivo.

El objetivo de la propuesta es impulsar la ejecución de proyectos de impacto regional y local, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR), así como el mantenimiento de infraestructura ejecutada bajo la Ley N.° 29230.

La presidente del grupo de trabajo, Rosangella Barbarán Reyes (FP), sostuvo que después de hacer el análisis y evaluación correspondiente se concluyó en la necesidad de allanarse a tres de las observaciones por considerarla adecuadas y se pronunció por la insistencia de cuatro de ellas por ser pertinente.

La autógrafa en mención, recoge las propuestas legislativas de los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (FP), Diana Gonzales Delgado (Avanza País) y del Poder Ejecutivo.

De otro lado, la comisión aprobó en forma unánime el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 4021/2022-CR y 3822/2022- PE, de la congresista María del Carmen Alva Prieto (AP) y del Poder Ejecutivo, que proponen la “Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional”.

El objetivo de la propuesta legislativa es coadyuvar a la reactivación del turismo o de negocios y reuniones restableciendo el marco legal para la facilitación de trámites aduaneros y el ingreso de participantes para la realización de eventos internacionales, declarados de interés nacional.

Se plantea entonces ampliar hasta el de 31 diciembre del 2030 el marco legal necesario para asegurar la realización de eventos de gran envergadura en nuestro país y garantizar un marco legal adecuado que otorgue las facilidades aduaneras para el ingreso de participantes.

Aclara que las exoneraciones a las que se refiere la propuesta tienen vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la ley en el diario oficial El Peruano y por el término de tres años.

Así también aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3676/2022-CR, que propone la “Ley que establece talleres de capacitación como sanción positiva para las micro y pequeñas empresas en el marco de la potestad sancionadora de la SUNAT ante una acción de infracción».

Se señala que la aprobación de la ley beneficiaría a más de un millón de microempresarios y a 700 mil para los medianos.

Durante el debate la congresista Isabel Cortez Aguirre (CD-JPP) se manifestó de acuerdo porque permitirá capacitar a las micro y pequeñas empresas antes que sancionarlas, pero pidió que solo beneficie a este sector y no a las grandes empresas. De similar opinión fue el congresista Germán Tacuri Valdivia (BMCN). La petición fue aceptada.

Cabe indicar que estaba prevista la presencia del superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Luis Enrique Vera Castillo, quien solicitó, vía documento, su reprogramación, lo que fue aceptado por la titular de la comisión.

El funcionario deberá referirse sobre diferentes temas, entre ellos, las implicancias en la recaudación que tendría la aplicación de la sentencia recaída en el Expediente 03525-2021-PA/T, en la que se establece que la administración tributaria está prohibida de aplicar intereses moratorios tras vencer el plazo legal para resolver el recurso administrativo.

Asimismo, el problema de pequeños empresarios que no cuentan con la tecnología necesaria para la emisión electrónica de boletas, por lo que la obligatoriedad de su uso resulta una barrera burocrática para ellos; y el tratamiento tributario de las empresas de juegos y apuestas a distancia domiciliadas en el extranjero.

OFICINA DE COMUNICACIONES