Las micro y pequeñas empresas (MYPES) -que han sido afectadas durante la actual crisis sanitaria- tendrán un tratamiento específico teniendo en cuenta su trayectoria como proveedores del Estado y la urgencia de fomentar su participación, promoción y desarrollo.

La iniciativa, perteneciente al congresista Luis Alegría García (FP), fue aprobada en forma unánime, en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que preside la congresista Silvia Monteza Facho (AP).

El proyecto de ley incorpora como causal la afectación de actividades productivas por crisis sanitaria, aplicable a las MYPE, para la modificación de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Entre otros aspectos, el proyecto plantea que, si la MYPE “no presenta sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en un periodo mayor a 48 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a tres meses ni menor a un mes en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, ésta se reduce al 10% del monto correspondiente”.

La congresista Rosangella Barbarán Reyes (FP), consideró que la aprobación de la ley permitirá a este sector pueda competir iguales condiciones. “En el 2019 eran más de 18 mil proveedores MYPE y en el 2020 pasaron a ser 14 mil 950. En el 2021, han quedado solo siete mil 740. Podemos ver el abuso que se han cometido contra ellos”, anotó.

Sobre el particular planteó que, por única vez, de manera excepcional, se eliminen las inhabilitaciones que el tribunal OSCE les ha impuesto a las pequeñas y medianas empresas durante el estado de emergencia.

Para el efecto, propuso una disposición complementaria transitoria para el establecimiento del régimen excepcional de rendición de sanciones para MYPE y personas naturales. Se plantea que podrán acogerse las empresas si es que estas fueron sancionadas por primera vez, y deberán pagar una multa no menor de 5 Unidades Impositivas Tributarias ni mayor de 15 UIT

Dijo que todas las solicitudes que se presenten deberán resolverse en un plazo de 15 días hábiles y si el tribunal OSCE no lo hace dentro del plazo, regirá el “silencio administrativo positivo” y las empresas MYPES quedarían habilitadas para contratar con el Estado.

De otro lado, también fue aprobada en forma unánime la propuesta que plantea la una ley que promueve la formalización de las micro y pequeñas empresas a través del Fondo Crecer.

La iniciativa, de autoría de la congresista Noelia Herrera Medina (RP), tiene el objetivo de declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Fondo de Apoyo a la Formalización de la MYPE.

Para ese efecto, se plantea que ese fondo se alimentará con un 10% del monto asignado a Reactiva Perú y el 10% asignado al FAE MYPE.

La comisión aprobó, por mayoría, la propuesta que plantea modificar la Ley 30498 que promueve la donación de alimentos y facilita su transporte en situaciones de desastres naturales, con la finalidad de ampliar su concepto a “emergencias sanitarias”, en el marco de la pandemia.

OFICINA DE COMUNICACIONES