La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que preside el legislador Alejandro Cavero Alva (Avanza País), aprobó por mayoría, el dictamen del proyecto de ley 4952/2022-CR, que propone fortalecer las libertades de empresa y comercio reconocidas en el artículo 59 de la Constitución y precisa las causales de clausura municipal de establecimientos comerciales.

La iniciativa presentada por el legislador Hernando Guerra García Campos (Fuerza Popular), también es evaluada por la Comisión de Constitución y Reglamento, como primera comisión.

Cavero Alva explicó que el proyecto propone limitar la discrecionalidad con la que cuentan autoridades administrativas para clausurar establecimientos comerciales únicamente en aquellos casos en que exista una situación que lo justifique, esto es, que ponga en grave peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas.

Para esto, se propone una norma que fortalece el artículo 59 de la Constitución Política del Perú y las Libertades de empresa y comercio, con siete artículos que regulan el objeto, la finalidad, definiciones, el ámbito de aplicación, la clausura temporal, la clausura definitiva y la imposición de multas.

Asimismo, propone la modificación de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades donde se modifica el tercer párrafo del artículo 46, el primer párrafo del artículo 49 y el artículo 78, e incorpora el artículo 49-A a la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades para limitar la discrecionalidad del uso de este poder.

“Así se evitará la arbitrariedad con la que pueden actuar algunas entidades y funcionarios del aparato estatal”, afirmó la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular).

La norma propuesta señalar de manera objetiva y especifica las causales de sanción, por clausura o multa de establecimientos comerciales, en un determinado ámbito del Estado. Se busca regular exclusivamente las medidas de clausura que puedan ocurrir de manera temporal o definitiva. Estas medidas también se encuentran reguladas en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

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