La Comisión de Descentralización empezó a examinar los alcances de dos propuestas legales -una presentada por el Poder Ejecutivo y otra por el congresista José León (NA)- para regular el nombramiento y designación de funcionarios públicos, como un mecanismo de transparencia evitando la llamada «puerta giratoria».

Se trata de las iniciativas N°572/2021-CR y 675/2021-PE, que proponen establecer prohibiciones e incompatibilidades en el sector público y privado.

Para ello se presentó a la comisión dictaminadora el secretario de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eloy Alberto Munive Pariona, quien justificó la propuesta legal «por la alta incidencia de casos de corrupción que se registran en los tres niveles de gobierno. Hay que adoptar medidas frente a casos de conflicto de intereses y que son la antesala de los delitos de corrupción, tráfico de influencias, negociación ilícita y aprovechamiento del cargo».

El vicecontralor de Control Sectorial y Territorial de la Contraloria General de la República, Luis Alonso Robas Sánchez, afirmó que «existe preocupación por la capacidad de hacer cumplir la ley, especialmente cuando un funcionario sale de la actividad pública y durante el año de moratoria. Cuando hay muchas normas se produce la tendencia a complicar la gestión pública. El gobierno central debería ordenar el tema con un decreto supremo».

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