Ante la ineptitud observada por los entes supervisores del Estado, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, decidió en forma unánime solicitar al Pleno del Congreso, a través de una moción, le brinde facultades para investigar a estas entidades hasta por 180 días.

El congresista José Luis Luna Morales (Podemos Perú), presidente de la Comisión, planteó esta iniciativa luego de escuchar a los titulares de las entidades relacionadas con la denuncia del excesivo costo que las clínicas privadas cobran a sus usuarios por las pruebas moleculares para detectar el COVID-19.

Luna Morales sostuvo que los invitados del día, al igual que los representantes de otras entidades reguladoras como Osiptel o la Superintendencia de Banca y Seguros, no defienden los intereses de los usuarios y “vemos vacíos legales que no les permiten actuar”.

«Además observamos cómo altos funcionarios de estas entidades ingresan al finalizar sus mandatos a laborar en las empresas que ellos fiscalizaron antes. El pedido de facultades investigativas debe servir también para emitir una normatividad necesaria para defender verdaderamente a los usuarios», anotó.

Abusos en cobros
En su sexta sesión ordinaria, los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor mostraron su indignación por los costos elevados que las clínicas aplican a sus usuarios por la realización de una prueba molecular que el INS realiza sin costo alguno.

El primer funcionario en tomar la palabra fue el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), César Cabezas Sánchez, quien informó que su entidad tiene un rol investigativo y sus funciones de laboratorio se aplica en todas las regiones sin distinción y de manera gratuita, porque es subvencionada por el Estado.

El doctor Cabezas expuso el flujo de atención, de acuerdo con la Resolución Ministerial del Minsa 193-2020, para la toma de muestras de todos los sectores, y el trabajo que realiza con los laboratorios regionales y seis laboratorios privados.

Fue enfático en decir que la entidad que dirige no ha entregado pruebas moleculares a ninguna clínica ni laboratorio privados, ya que el reporte de resultados COVID-19 en el portal NETLAB, y allí se especifica que todas las pruebas son gratuitas.

Hizo un diagrama de cuándo se recibieron las denuncias y el hecho de que se solicitó a la Contraloría General de la República para que efectúe acciones de control concurrente, además de informar a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

El titular de Susalud, Carlos Manuel Acosta Saal, fue un poco más preciso en torno a los gastos y costos atribuidos a los establecimientos clínicos. Dijo que esa investigación continúa su curso e hizo un informe sobre dichos costos, en donde “el único que tiene valor cero es el valor de la muestra”.

Acosta Saal expuso que el costo que las clínicas han cobrado a sus pacientes es por el uso de otros insumos, como por ejemplo guantes quirúrgicos descartables, mameluco Tibet, guante examen, cubre calzado, respirador N95, gorro descartable, mandilón y mascarilla descartable.

Así, por ejemplo, mientras que los guantes quirúrgicos descartables cuestan 1,20 soles, las clínicas cobran 9,58; el mameluco Tibet tiene un costo de 30 soles, ellas cobran 108,25; el respirador N95 cuesta 18,94 y ellas cobran 148,73.

El funcionario informó que está en curso una investigación preliminar de la facturación. «No es el proceso del cobro del instituto, sino que es un valor agregado en el que han incurrido los prestadores privados para insertar una valoración de gastos considerable, a expensas de lo que realizan, y eso que no incluyen la consulta médica».

Al respecto, manifestó que se está solicitando información a la Sunat para saber cuántas clínicas hacen facturación electrónica y tradicional. E informó que su entidad ha realizado un pedido a la opinión pública para que hagan sus denuncias, y ya van 70 solicitudes que tienen que transformarse en denuncias una vez que ellos adjunten las pruebas documentales.

El presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), Alejandro Miguel Langberg la Rosa, expresó que su patrocinada representa a 124 instituciones, de más de 2000 establecimientos privados que existen en el país, y sostuvo que no interviene en la gestión de cada una de ellas.

Landberg la Rosa manifestó que los miembros de la asociación que representa están seriamente comprometidos con esta lucha contra la pandemia y participan, además, en el comando COVID-19. En torno a la denuncia, dijo que están seriamente comprometidos con la no elevación de precios y solo cobran las cosas que se tienen que utilizar.

“Tenemos que cobrar para comprar insumos y pagar trabajadores”, expresó.

Seguidamente expuso que las clínicas han sufrido una caída de su facturación en un promedio de 56 por ciento; el
incremento de gastos del 48 por ciento es lo que estamos viviendo y, sin embargo, estamos en la lucha con el gobierno curar los males de sus clientes.

Respecto a la denuncia, concretamente, dijo que es falsa, y espera que Susalud llegue e indague lo real. No obstante, al final de su participación, señaló que si alguna de sus asociadas ha cometido estos delitos, se unirá a la indignación, y espera que le caiga todas las sanciones posibles.

La indignación

La congresista Zenaida Solís Gutiérrez (Partido Morado) mostró indignación al percibir que el INS hace tiempo que les brinda ganancias exorbitantes a estas instituciones privadas. Su preocupación es que si estas clínicas y laboratorios tiene legitimas posibilidades de lucro, porque cuando hacen tratos con ellos no se establece un costo determinado.

«¿Por qué se les ha permitido hacer más de 40 mil pruebas, haciéndoles ganar mucho dinero? No hay regulación de precios en el país; pero hay que hacerlo. Es el contralor quien hace la denuncia, no es cualquiera. Espero que esta práctica no quede sin castigo”, precisó.

El parlamentario José Luis Ancalle (frente Amplio) lamentó, indignado, que el representante de las clínicas privadas no haya asumido algún error. “Nadie pide regulación de precios en este tema, lo que manifestamos es el abuso que cometen estas clínicas”, alzó la voz indignado.

La legisladora Carmen Omonte Durand (Alianza para el progreso) expresó que con lo que se había escuchado no le permite albergar una esperanza, por lo menos en el corto plazo. Dijo que no le quedaba claro por qué el INS firmó convenios específicos con cada una de las clínicas o solo a través de los laboratorios. “Eso debe quedar en claro”, exigió.

José Luis Luna Morales hizo alusión a su experiencia particular y a la del congresista Arón Espinoza Velarde (Podemos Perú) por el costo que tuvieron que asumir en clínicas privadas.

“Si han estado cobrando por el servicio de laboratorio, servicio que dicen que no se ha cobrado, es una falta de respeto querer sorprender al Congreso de la República. Si Susalud ya se tienen las facturas de 12 clínicas, cuál será ejemplar sanción que le se les va a determinar”, preguntó. No obtuvo respuesta.

PRENSA-CONGRESO