Aportantes activos y no activos podrán acceder al retiro voluntario de sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Los primeros hasta una UIT (S/ 4 300 soles) y los segundos, que no hayan contribuido en los últimos 12 meses, hasta el cien por ciento de sus pagos.

La decisión fue adoptada, en forma unánime, por la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el congresista José Luis Luna Morales (PP), en consideración a las dramáticas consecuencias que está dejando la pandemia en el Perú.

Cabe recordar que la propuesta también forma parte del dictamen favorable de las comisiones de Economía y de Presupuesto.

El texto sustitutorio del predictamen recaído en el proyecto de ley 4977, plantea el procedimiento especial para acceder en forma voluntaria al retiro de las contribuciones a fin de proteger la economía familiar y mitigar los estragos ocasionados por el COVID 19.

De acuerdo al proyecto, el cumplimiento de la norma, una vez promulgada, deberá cumplirse en un plazo de 15 días calendario y la respuesta a las solicitudes, en un máximo de siete días, de lo contrario, se aplicaría el silencio administrativo positivo.

ACTIVOS Y NO ACTIVOS

La iniciativa plantea que en el caso de los aportantes activos la entrega sería en un 50 % en un plazo máximo de 15 días calendarios después de aprobada la solicitud ante la Oficina Nacional Previsional (ONP). Los otros 50 % a los 30 días computados a partir del primer desembolso.

En el caso de los no activos se propone la entrega del 34 % en un plazo máximo de 30 días calendario después de aprobada la solicitud ante la ONP. 33 % a los 60 días después de la primera entrega; y 33 % a los 90 días, computados a partir del segundo desembolso.

De acuerdo a la iniciativa de autoría del congresista Luna Morales, el desembolso de los intereses generados por las aportaciones serían entregadas a los 60 días calendarios del tercer desembolso.

Con relación a la intangibilidad de los fondos, se señala que el retiro mantiene esa condición, y que no podrán ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier forma de afectación sea por orden judicial o administrativa. Empero, el carácter intangible no se aplicará a las retenciones judiciales derivadas de deudas alimentarias hasta un máximo del 30% de lo retirado.

BONO

La iniciativa legislativa propone también el otorgamiento de un bono extraordinario de dos mil soles a los pensionistas de la Ley nro. 19990 con cargo a la deuda pensionaria que mantiene el Estado peruano con el Sistema Público de Pensiones, a fin de aliviar la situación de emergencia COVID 19.

SECTOR PRIVADO

Antes, la comisión escuchó las opiniones de sectores privados para tocar temas en el contexto de la pandemia. En representación de la Asociación Peruana de ex Aportantes a las AFP, Ítalo Lezcano Amú, dijo que el fondo no favorece al dueño de los aportes y que la pandemia ha agudizado la situación económica de este sector.

Indicó que en ocho años es la primera vez que son escuchados. “No queremos que la reforma se realice si no hay la devolución primero, porque necesitamos comer y ver problemas de salud para ex aportantes en situación de desempleo y enfermedad. Hoy y no mañana, porque podría ser muy tarde”, anotó.

Por su lado, el superintendente de AFP en la SBS, Elio Sánchez Chávez, se presentó para opinar sobre el proyecto N° 5674, que plantea una ley que autoriza el retiro facultativo total de aportes en el sistema privado de administración de fondos de pensiones

En ese sentido, consideró que el retiro de fondos de las AFP es inoportuno e innecesario, porque mediante decretos de urgencia se ha estado entregando el fondo de pensiones.

Asimismo, sostuvo que es dañino porque reduce el número de peruanos que tendrán una pensión de jubilación y reduce las pensiones de muchos otros, exponiendo a peruanos a la pobreza en la vejez. Pidió pedir información sobre el impacto macroeconómico del retiro adicional de 20 mil millones del fondo de pensiones.

A su turno, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, de igual manera, opinó sobre el referido proyecto, indicando que la reforma del sector público privado debe ser integral e introducir un concepto de pensión mínima de todos los peruanos y mejorar los incentivos para ahorrar.

Asimismo, opinó que un retiro masivo de los fondos de afiliados tendría como consecuencia la paulatina destrucción del ahorro previsional e implicancias en la economía nacional.

Antes, el vocero nacional de las Asociaciones Educativas Privadas del Perú, Jorge Camacho Bueno, se refrió al costo de la educación del sector privado en un contexto de pandemia y aportar al estudio de varias propuestas de ley.

Dijo que el 96% de los colegios particulares cobra menos de 500 soles y solo el uno %, mil soles y que la mayoría de los propietarios son pequeños emprendedores que han arriesgado sus ahorros para cerrar la brecha educativa que hay en el país. “Si no aseguramos los costos, estaremos en camino a no garantizar la calidad de la educación”, anotó.

Lima, 23 de julio de 2020

PRENSA-CONGRESO