La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, que preside el parlamentario Manuel García Correa (APP), aprobó el dictamen que fortalece la protección de los derechos de los consumidores en relación con la actualización de su información crediticia en las centrales de riesgo.

Las modificaciones a la Ley 28587 y la Ley 29571 buscan garantizar una actualización más ágil y precisa, favoreciendo la seguridad jurídica y económica de los ciudadanos.

El dictamen se sustenta en los proyectos de ley 6317/2023-CR, 6325/2023-CR, 7075/2023-CR, 8239/2023-CR, 9011/2024-CR y 9071/2024-CR. Obtuvo 11 votos a favor, una abstención y un voto en contra.

El texto aprobado establece que, los consumidores que regularicen sus deudas mediante el pago deberán recibir, en un plazo máximo de siete días hábiles, una constancia emitida por la entidad financiera que confirme la actualización de su situación.

En esa línea, el dictamen establece un plazo máximo de dos días hábiles para que las centrales de riesgo privadas actualicen los registros una vez recibida la información pertinente del acreedor.

Respecto a los casos donde se detecten consumos no reconocidos tras una investigación, el dictamen indica que las entidades financieras deberán comunicar a la Superintendencia de Banca y Seguros y al afectado la corrección de la información en un plazo máximo de siete días hábiles.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En otro momento, el grupo de trabajo aprobó, por unanimidad (12 votos), el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 9063/2024-CR, que propone, con texto sustitutorio, la Ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de eliminar la exoneración del pago de costos y costas en el procedimiento administrativo sancionador por allanamiento y reconocimiento del proveedor.

García Correa manifestó que el dictamen garantiza la justicia y equidad para los consumidores; así como, equilibrar entre proveedores y consumidores un procedimiento administrativo sancionar en las figuras de allanamiento o reconocimiento, en el contexto de garantizar una reparación justa e integral a los consumidores ante una infracción.

MONITOREO DE PESTICIDAS

Finalmente, los miembros de la Comisión escucharon las exposiciones sobre los resultados del Tercer Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos, a cargo de la jefa del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Vilma Gutarra García y del coordinador de la Institución de Monitoreo Ciudadano sobre presencia de Agroquímicos en los Alimentos, Jaime Delgado Zegarra.

“En julio de 2023, el Senasa prohibió la importación de pesticidas que contengan clorpirifos y dispuso que se retiren progresivamente del mercado todos los productos con este insecticida, ya que a partir del 1 de agosto de 2024 no se podrían aplicar en los cultivos. Sin embargo, en el tercer monitoreo hallamos residuos de clorpirifos en 11 de las 60 muestras recolectadas en los centros de abastos visitados, con excepción del Mercado de Wanchaq, en Cusco”, indicó Gutarra García.

A su turno, Delgado Zegarra, manifestó que el estudio ofrece conocimiento a los ciudadanos para exigir la mejora de las prácticas de producción y control de los alimentos agropecuarios para acceder a alimentos seguros y de calidad. “Mientras no mejoren los procesos, los peruanos tenemos que estar alertas frente a lo que consumimos”, advirtió.

Cabe indicar que el Tercer Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos se realizó entre el 6 y el 10 de septiembre de este año con 60 muestras de alimentos de 5 mercados del país (Lima- Mercado Santa Anita, Huaraz – Mercado Challhua, Huánuco – Mercado Puelles, Arequipa – Mercado El Palomar).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL