El contralor general de la república, Nelson Shack Yalta, afirmó que las contrataciones de servicio para la venta de boletos electrónicos en 23 espacios culturales, afectó la legalidad y limitó la participación de otros postores, pero el material de análisis no ha encontrado presunción de responsabilidad penal.

“La plataforma tecnológica no emite los reportes en tiempo real que permita conocer los niveles de venta. Dicha plataforma contiene información no acorde con lo dispuesto en la normativa respecto a la venta de un máximo de mil boletos de manera presencial para el acceso a Machu Picchu”, afirmó.

Fue durante su participación en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, que preside el legislador Héctor Acuña Peralta (No A), donde asistió junto a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para explicar las presuntas irregularidades detectadas en el contrato de la gestión de boletos electrónicos para la entrada a la zona arqueológica de Machu Picchu a favor de la empresa Joinnus S.A.C.

Por su parte, Maritza Chávez, jefa de Control Institucional de la Contraloría observó que se dieron una serie de irregularidades en dicha contratación con la empresa Joinnus. “El control concurrente que se desplegó es para los 23 espacios culturales, entre ellos, el ingreso a Machu Picchu. Se han detectado problemas de ineficiencia y corrupción y determinado la responsabilidad de tres funcionarios; pero los procesos no están claros. El MEF debe regular mejor cómo se deben realizar este tipo de procesos”, afirmó.

El legislador Guido Bellido Ugarte (Perú Bicentenario) recordó que la población en Cusco y representantes de trabajadores advirtieron oportunamente sobre este contrato que solo beneficiaría a la empresa y perjudica al Estado. “Por ello exigimos la renuncia de la titular de Cultura”, señaló.

Añadió que es sorprendente cómo se trata de desvirtuar los dos informes de la Contraloría, y dijo que hay responsabilidad y complicidad en el Ejecutivo.

“Que se liciten procedimientos correctos. Detrás de todo hay más de 10 millones de soles en pérdidas para el Estado en estos 30 días de paralización. La ministra no quiso corregir, y tiene responsabilidad política que asumir”, puntualizó.

A su vez, el legislador Alejandro Cavero Alva (Avanza País) recordó que la responsabilidad política es también del Congreso. “La ministra de Cultura ya fue interpelada, pero otra medida no prosperó”.

La legisladora Katy Ugarte (No A) afirmó que el proceso de licitación no fue transparente. “Se le pidió y advirtió a la ministra que no contrate con la empresa Joinnus, pero faltó comunicación y se han llegado a situaciones críticas nacionales e internacionales. Debemos reactivar la economía. La ciudadanía pide que el Ejecutivo sesione en Cusco y se haga una reunión de trabajo con el gobierno regional y se eviten más conflictos”, afirmó.

En tanto, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, sostuvo que el contrato con Joinnus termina el 15 de mayo, pero el proceso de transferencia no puede ser traumática.

“Vamos a dejar este contrato e ir a la plataforma virtual de la PCM porque ya hay boletos vendidos que se deben ejecutar. El término de contrato con Joinnus no representará una penalidad para el Estado”, informó al tiempo de levantar los cargos imputados de complicidad.

TRASLADO DEL ARCHIVO GENERAL

Alberto Villanueva, del movimiento “El archivo no va”, sustentó su iniciativa de trasladar el Archivo General de la Nación a un local adecuado en Pueblo Libre (en el cuartel Bolívar) debido a que el local alquilado en el Callao no cumple con los parámetros adecuados para ubicar un archivo de tan alta importancia.

“La zona es sísmica, está cerca al mar, y colinda con viviendas que son altamente amenazadoras para este archivo”, sostuvo.

A su vez, el director del Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau Heredia, detalló las pésimas condiciones en las que trabajan el grupo humano de dicha entidad y en las que se expone la valiosa documentación del país. “Memoria que se puede perder por inundaciones y también por movimientos sísmicos e incendios, afirmó.

El legislador Cavero Alva recordó que el presupuesto es mínimo y que ya se ha ejecutado 20 millones de soles para el traslado al nuevo local. “Es lo que hay de manera realista», dijo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL