Comisión de Constitución recibió a autoridades del sistema electoral para evaluar garantías de transparencia en elecciones 2026

Centro de Noticias del Congreso

03 Mar 2026 | 14:22 h

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, bajo la conducción de su vicepresidente Luis Aragón Carreño (bancada AP), recibió a los titulares de los organismos que integran el sistema electoral, quienes informaron sobre las acciones implementadas para asegurar la legalidad, transparencia y adecuada organización de las Elecciones Generales 2026 y de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Durante la sesión, los parlamentarios formularon cuestionamientos directos y solicitaron precisiones normativas, remarcando la necesidad de contar con reglas claras y criterios uniformes para todos los actores políticos.

El congresista Luis Ángel Aragón Carreño señaló que el objetivo común es garantizar un proceso electoral limpio y transparente, para lo cual indicó es indispensable un trabajo articulado entre las instituciones del Estado.

En ese contexto, abrió el debate expresando su preocupación por presuntas dádivas en campaña electoral, advirtiendo que se trata de hechos graves que deben ser enfrentados con criterios firmes, claros y transparentes por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, planteó interrogantes sobre los alcances de la fiscalización a los parlamentarios que postulan a la reelección, advirtiendo que existe inquietud respecto a la posibilidad de difundir los logros legislativos y las gestiones realizadas en el marco de sus funciones constitucionales sin que ello sea considerado una vulneración al principio de neutralidad.
En esa línea, solicitó precisiones sobre el plazo de exclusión por dádivas y los criterios que se aplicarán en casos de reincidencia, con el objetivo de evitar vacíos normativos que puedan generar distorsiones en el proceso electoral.

Por su parte, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, formuló consultas relacionadas con la neutralidad política, a propósito de una campaña institucional difundida por el Jurado Nacional de Elecciones.

“Hubo una canción denominada ‘Un voto de esperanza’ cuyo estribillo señala: no votes por costumbre ni por los que suenan fuerte. ¿Eso no constituye una transgresión a la neutralidad política?”, cuestionó.

Asimismo, solicitó información sobre eventuales cambios inusuales de domicilio electoral en Áncash y las acciones adoptadas frente a dichas situaciones.

Al respecto, el parlamentario Ilich López Ureña (AP), tercer vicepresidente del Congreso, expresó su preocupación por los cuestionamientos vinculados al principio de neutralidad electoral.

“Es preocupante y esperamos que el representante del Jurado Nacional de Elecciones absuelva las dudas que se han planteado”, señaló, al referirse a la polémica por la difusión de una canción institucional del JNE.

Asimismo, recordó que el artículo 177 de la Constitución establece que el sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, instituciones que deben actuar con estricta imparcialidad en el proceso electoral.

El congresista Alejandro Cavero Alva (bancada Avanza País) cuestionó los criterios empleados para iniciar procedimientos por presunta vulneración de la neutralidad electoral.

“En una contienda electoral al parlamentario se le atribuyen todos los males del Congreso; sin embargo, cuando intenta explicar en qué se diferenció en sus votaciones o qué normas impulsó, eso es considerado una infracción. Algunos procedimientos resultan difíciles de entender”, señaló.

Además, solicitó claridad respecto a los criterios de acreditación de observadores internacionales y consultó si la reducción del número de mesas por fiscalizador responde a un incremento presupuestal razonable o si el actual proceso electoral será más costoso que los anteriores.

La congresista Patricia Juárez Gallegos (FP) pidió sustento jurídico sobre las inscripciones transitorias reglamentadas por el Jurado Nacional de Elecciones, recordando que dicha figura fue planteada en el proyecto de ley 7352/2023, el cual no fue aprobado por el Congreso.

“Si una propuesta no fue aceptada por la comisión ni por el Pleno ¿cuál es la base legal que sustenta ahora su incorporación vía reglamento? Podría interpretarse como un adelantamiento a una situación que aún no se ha consolidado”, indicó.

Asimismo, expresó preocupación respecto a las transferencias de recursos que debe efectuar el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.
El parlamentario Isaac Mita Alanoca (bancada PL) solicitó información sobre las medidas correctivas adoptadas ante el incremento de desafiliaciones indebidas y el número de procedimientos sancionadores que han concluido con sanción efectiva por infracciones a la neutralidad.

La congresista Ruth Luque Ibarra (BDP) expresó su preocupación por la situación presupuestal advertida por el Jurado Nacional de Elecciones.

Señaló que resulta fundamental exhortar al Gobierno a garantizar los recursos necesarios y suficientes para que el proceso electoral se desarrolle de manera adecuada y se asegure el cumplimiento de las responsabilidades de los organismos electorales.

Asimismo, solicitó al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales precisar cuándo se realizará la publicación oficial de la cédula de votación.

“Entendemos que se trata de una cédula de gran dimensión, pero quisiéramos saber qué está faltando para su publicación oficial”, indicó.

Finalmente, la congresista Gladys Echaíz Ramos (HyD) cuestionó el sustento constitucional de determinadas decisiones del Jurado Nacional de Elecciones relacionadas con la habilitación de candidaturas vinculadas a sanciones por corrupción, subrayando la importancia de respetar estrictamente el marco constitucional y las competencias establecidas en la Carta Magna.

EXPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA ELECTORAL

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, informó que los debates presidenciales ya han sido definidos en consenso con las 36 organizaciones políticas que cuentan con planchas presidenciales.

Precisó que tanto los temas como las ternas de moderadores fueron establecidos mediante sorteo público con presencia notarial, garantizando transparencia en su organización.

La primera jornada de debates se realizará los días 23, 24 y 25 de marzo y abordará los temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción. Los moderadores serán los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, quienes fueron aceptados por las organizaciones políticas.

La segunda jornada se desarrollará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, con los ejes temáticos de empleo, desarrollo, emprendimiento, educación, innovación y tecnología. En estas fechas, la moderación estará a cargo de los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio.

Burneo señaló que los tiempos y la metodología también fueron consensuados, y estimó una audiencia aproximada de 13 millones de televidentes. Los debates serán transmitidos a través de la señal institucional del JNE y puestos a disposición de todos los canales de televisión, incluido el canal del Estado IRTP.

En otro momento, advirtió que la institución enfrenta un déficit presupuestal superior a 288 millones de soles, recursos necesarios para fortalecer la fiscalización, comunicaciones, educación electoral y ciberseguridad.

Por su parte, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto Salinas, alertó sobre dificultades logísticas para la obtención de locales de votación.

“Tenemos un problema muy grave. La ONPE sigue teniendo que mendigar locales de votación”, manifestó, señalando que factores como cambios de administración, daños en infraestructura e incluso situaciones vinculadas a extorsión afectan la disponibilidad de espacios, lo que finalmente perjudica a la ciudadanía.

Asimismo, informó que 834,894 miembros de mesa ya iniciaron su capacitación, cifra histórica que permitirá fortalecer la organización del proceso. Destacó además que, gracias a una modificación normativa aprobada por el Congreso, ahora se contará con seis miembros suplentes por mesa, lo que reducirá el riesgo de retrasos en la instalación.

Corvetto Salinas anunció también la implementación de 126 oficinas descentralizadas en todo el país, que contarán no solo con áreas administrativas, sino también con centros de cómputo y espacios para el resguardo de cédulas y actas electorales.

“Vamos a tener mejor control territorial, mejor coordinación con la seguridad del proceso y un procesamiento de actas mucho más rápido”, sostuvo, indicando que esta medida permitirá contrastar resultados con mayor eficiencia y fortalecer la transparencia.

Finalmente, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Carmen Milagros Velarde Koechlin, informó que la elección de autoridades municipales de centros poblados se realizará el 1 de noviembre de 2026. Asimismo, señaló que se han elaborado y remitido 3,266 padrones electorales a 180 municipalidades provinciales, comprendiendo a más de 3.2 millones de electores.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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